La calle Embarcadero sigue a la deriva porque las conversaciones entre el Gobierno de Aragón y el Ayuntamiento de Zaragoza siguen sin llegar a buen puerto y ni siquiera zarpar hacia una mesa de negociación que aún hoy parece imposible que se sienten ambas partes.
La discusión sigue en el mismo punto que estaba cuando el pasado 24 de febrero ambas administraciones se dieron una tregua de «diez días» para que el asunto no acabe en los tribunales. Ese paréntesis, ofrecido por la DGA y bien recibido por el consistorio en su día, se terminó el pasado día 6 y no ha habido avances. Ni sobre cómo acordar una permuta con otros suelos de la ciudad que permita al ayuntamiento disponer de esta parcela del distrito de Casablanca que los vecinos piden seguir usando como aparcamiento, ni sobre el valor de las parcelas que uno y otro proponen para facilitar el intercambio.
Lo mejor es que ambos defienden que es el otro el que no mueve ficha y que solo es cuestión de sentarse a hablar. Pero el problema de Embarcadero lleva enquistado más de tres años y en esta ocasión al menos es el Gobierno de Aragón el que se ha dirigido hasta en dos ocasiones por carta al responsable de Urbanismo, Víctor Serrano, para instarle a dar un paso al frente para alcanzar el acuerdo.
Dos cartas
La primera misiva, el pasado 21 de febrero, firmada por el consejero de Hacienda de la DGA, Carlos Pérez Anadón, para mostrarle su «absoluta disposición» para que el consistorio pueda obtener de este solar de Casablanca y darle el uso que quiera con «total autonomía» y en «interés de los vecinos», así como para sugerirle la «conveniencia» de suscribir la permuta en esos diez días de tregua e impulsar, en paralelo, la aprobación del plan especial del área –denominada 58/1– que haga realidad el desarrollo urbanístico.
La segunda, enviada el pasado 3 de marzo, mucho más escueta y firmada también por Pérez Anadón y dirigida a Serrano, para «reiterar, una vez más, nuestra absoluta disposición» al acuerdo y trasladarle su «extrañeza ante la falta de respuesta» y recordarle que ese plazo de diez días era para que el concejal «evitara la judicialización efectiva del asunto». Le pedía «celeridad» a tres días de finalizar la tregua. En las dos ocasiones, Serrano respondió que estaba dispuesto a retomar las conversaciones en el seno de la bilateral y siempre que no se iniciara el proceso judicial.
Pero con el final de ese paréntesis la pregunta es obvia: ¿Y ahora qué? La respuesta del Gobierno de Aragón, según las fuentes oficiales de Hacienda, es que «la postura de la DGA ha sido siempre la de buscar una solución por la vía tranquila y pactada, pero todas las que se proponen se bloquean» y que «si no se ve una muestra por parte del ayuntamiento de querer llegar a un acuerdo o sentarse a negociar no quedará más remedio que ir a los tribunales». Pero no hay decisión al respecto, se entiende aún están «en el entorno de ese plazo de diez días», que ahora se ve como algo más flexible.
Desde el área de Urbanismo mantienen lo dicho hasta ahora y comparten el interés de la DGA en reanudar las conversaciones, pero donde se dejaron, es decir, en la mesa técnica previa a la celebración de la cumbre bilateral. Este es el foro donde ambas administraciones deben salvar sus diferencias, insisten desde la casa consistorial.
