El Gobierno de Jorge Azcón quiere dar carpetazo a las siete alegaciones presentadas al plan Romareda este mismo mes de marzo para poder sacar a licitación la construcción y explotación del nuevo campo en abril. De esta manera, el PP (y lo que quede de Cs) se presentaría a las elecciones con los deberes hechos y la que fue su promesa electoral de 2019 iniciada. Son los plazos que barajan en los despachos de la planta noble para llegar al 28 de mayo con el proceso en marcha --e incluso con la adjudicación formalizada-- y llegar a tiempo al Mundial 2030.
El concejal de Urbanismo, Víctor Serrano, ha confirmado que este mes se someterá a aprobación definitiva la modificación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) propuesta para que el Real Zaragoza asuma el coste de la construcción del campo, unos 140 millones, a cambio de explotar durante 75 años las instalaciones. Es el tiempo que estiman desde el club que necesitarán para amortizar la inversión.
Serrano ha informado de que han sido siete las alegaciones que se han presentado esta vez, la segunda en la que se somete a exposición pública la modificación del planeamiento. En la primera fueron dos, una de la DGA que fue denegada y otra del Real Zaragoza, avalada por la mayoría plenaria, con los votos de PP, Cs y Vox. Al incluirla y aceptar la fórmula del derecho de superficie solicitada, el Gobierno de PP-Cs decidió volver a sacar a exposición pública la modificación.
15 días para las ofertas
En el caso de que todas las alegaciones fueran denegadas, en abril saldría a concurso el proyecto del nuevo estadio ya que los pliegos están muy avanzados. De ser así, podría estar adjudicado incluso antes de las elecciones, siempre que no haya obstáculos que salvar por el camino, como un recurso judicial.
En principio y a la espera de conocer los pliegos, según fuentes consultadas, todo indica que el periodo para presentar ofertas duraría 15 días y, transcurrido este tiempo, se convocaría la mesa de contratación. Está claro en que el Zaragoza pujará por el campo y, de ser la única, el proceso podría estar resuelto antes del 28 de mayo.
Son los plazos que se siguieron con la enajenación, por ejemplo, del Quirón. En este caso no se pone a la venta ningún suelo, sino que se cede el derecho de superficie. En el caso del hospital, los pliegos se aprobaron un 7 de octubre y el 3 de noviembre se hizo efectiva la adjudicación. A partir de ahí, se inició el periodo de presentación de proyectos.
Este podría ser el calendario a seguir siempre que los técnicos consideren que las alegaciones recibidas no deben tenerse en consideración. Serrano ha vuelto a insistir en que hay que dejarles trabajar aunque, a tenor de las declaraciones tanto del concejal como del alcalde, Jorge Azcón, no parece que vayan a ser aceptadas.
Las alegaciones de la DGA
Desde el Pignatelli alegan que la modificación propuesta es «sustancial» porque el estadio dejará de ser público para pasar a manos del Real Zaragoza. Es decir, que se «privatizará» durante 75 años, por mucho que el suelo siga siendo municipal. Desde el Gobierno de PP-Cs han defendido siempre que se trata de un cambio «menor», precisamente, porque el ayuntamiento no perderá la titularidad del terreno, pero sí de lo que se construya sobre él, el campo.
Aún hay más porque el Plan General no se actualiza desde 2008, aunque sí incluye todas las modificaciones parciales y aisladas. Según el Gobierno de Lambán, ha llegado la hora de que el ayuntamiento compile todos los cambios y apruebe un texto refundido. Así que, prosiguen en su alegación, hasta que el consistorio no presente el texto refundido ante el Consejo Provincial de Urbanismo, la capital no podrá aprobar ninguna modificación del planeamiento.
Desde el ayuntamiento, el Gobierno de Azcón apela a la autonomía del consistorio y se apoya en tres informes técnicos en los que se defiende que «la intervención autonómica fuera de carácter facultativo en el planeamiento, de manera que en las tramitaciones de «menor entidad», la competencia para la aprobación definitiva es municipal.
Así que, insisten, pueden ejecutar tantas modificaciones como deseen, como la de La Romareda. Y eso es lo que quiere hacer Serrano este mes. Queda por saber si será en la comisión ordinaria de Urbanismo del próximo lunes o si se tiene que convocar una extraordinaria. Todo dependerá de los técnicos y de si han podido informar sobre todas las alegaciones.
Las de la DGA no son las únicas. Esta vez, tanto ZeC como Podemos (que ha registrado varias) han presentado las suyas. También la Federación de Asociaciones de Barrios (FABZ) en la que argumentan que en esta operación no prima el «interés público» de la ciudad, sino el «interés privado». La Asociación de Vecinos Parque Tío también ha presentado la suya, y algún «particular» ha hecho lo propio, según indicó ayer Serrano.
En el aire queda la posibilidad de que este asunto acabe judicializada. Javier Lambán ha dicho que la DGA no llevará ante los tribunales el proyecto, pese a que ve indicios de que no se está haciendo cumpliendo escrupulosamente la ley. Sin embargo, el alcalde ya dijo que no se fiaba y no descarta que aparezca en los juzgados algún recurso que se base «en los argumentos del PSOE».
