Las asperezas entre el Ayuntamiento de Zaragoza y el Gobierno de Aragón están lejos de haberse limado. La portavoz del equipo de PP y Cs al frente del consistorio, María Navarro, ha informado de que han enviado dos requerimientos a la DGA para que el Ejecutivo autonómico satisfaga el pago de más de 12 millones de euros que desde la plaza del Pilar entienden que están pendientes de las anualidades de 2021 y 2022.

Navarro dio así a conocer las «discrepancias» que existen en las cláusulas del cierre del convenio económico bilateral entre el Ayuntamiento de Zaragoza y el Gobierno de Aragón, tanto en el año 2021, como en el 2022, y que no han podido resolverse en el marco del grupo de trabajo que ambas instituciones comparten como paso previo a la celebración, si es que llega a celebrarse, de la comisión entre el ayuntamiento y la DGA.

En estos grupos de trabajo participan los técnicos de Hacienda de cada una de las dos instituciones y, según los funcionarios del consistorio, son cinco millones de 2021 y siete de 2022 los que faltan por ingresar a favor del ayuntamiento. Es por eso que PP y Cs enviaron ambos requerimientos, dando un plazo de tres meses antes de la judicialización del asunto.

Navarro ha detallado que son discrepancias que hacen referencia a conceptos vinculados con las competencias propias, compartidas, directas y finalistas. La concejala municipal ha apelado, eso sí, a la colaboración entre administraciones y a la «lealtad mutua» y expresó: «A ver si nos ponemos de acuerdo y ojalá se convoque una bilateral». Según ha dicho, se trata de trabajar «en beneficio de los ciudadanos», que no entienden «que no tengamos la altura política para llegar a acuerdos y defender sus intereses».

La versión de la DGA

Sin embargo, como ocurre siempre, la versión de la DGA es bien distinta. «Una vez más, la corporación PP-Cs en el Ayuntamiento de Zaragoza intenta desviar la atención con falsedades y medias verdades, todo con el objetivo de ganar tiempo y evitar así tener que convocar la comisión bilateral», respondieron desde Pignatelli ante el anuncio del envío de los dos requerimientos.

Según el Gobierno de Aragón, si se llega a convocar la reunión, será la DGA «la que se llegará con todos los deberes solventados, frente a los incumplimientos que aún mantiene el ayuntamiento que preside Jorge Azcón».

"Incumplimientos"

Sobre la reclamación del ayuntamiento en el marco del convenio económico financiero, el Ejecutivo autonómico considera que «todo parte de un error de interpretación, deliberado o no, por parte del consistorio», que considera que en el montante que el Gobierno de Javier Lambán acordó transferir a las arcas municipales en concepto de competencias propias «se incluyen únicamente las transferencias de la DGA a través de convenios».

Sin embargo, «esto no es lo que se refleja en el Convenio Económico Financiero», opinan en el Gobierno de Aragón, «donde queda claro que esta financiación incluye el conjunto de competencias propias del Ayuntamiento de Zaragoza fijadas en la Ley de Capitalidad, independientemente de que sea con un convenio o a través de un procedimiento de concurrencia competitiva».

«Resulta muy burdo que, ante sus reiterados incumplimientos, el equipo de Gobierno PP-Cs trate ahora de verter inexactitudes como las expuestas para intentar trasladar la imagen que todas las partes incumplen, cuando no es así», critican desde el Gobierno de Aragón.