Zaragoza rechaza las alegaciones de la DGA y aprobará el plan Romareda

El Gobierno de Jorge Azcón está, de momento, sorteando todos los obstáculos que se está encontrando por el camino para impulsar la operación Romareda y cumplir así con su propósito: licitar la construcción y explotación del nuevo campo antes de las elecciones. Entre los escollos destacan las alegaciones presentadas por el Gobierno de Aragón que cuestionan la legalidad del proyecto y que serán desestimadas en la comisión de este jueves, donde se aprobará de forma definitiva la modificación del planeamiento necesaria para construir un estadio más grandes. Una votación que saldrá adelante gracias al apoyo de Vox, ya que la izquierda volverá a oponerse en bloque.

Aunque tendrá que ser ratificada en el pleno de finales de mes, es el paso decisivo para poder impulsar la operación Romareda. El concejal de Urbanismo, Víctor Serrano, ha adelantado que los informes «con rigor técnico y jurídico» desestiman las ocho alegaciones recibidas, entre ellas, tres del Gobierno aragonés, que asegura que el plan actual incumple la Ley de Urbanismo de Aragón.

Para el Ejecutivo de Lambán, la modificación del PGOU que plantea el ayuntamiento es «sustancial» y no menor, como defienden desde el equipo de Azcón. Argumentan que, al aceptar la exigencia del Real Zaragoza de ceder el derecho de superficie durante 75 años, se está «privatizando». Según el club, son los años que necesitaría para amortizar la inversión, más de 139 millones de euros por construir un estadio cuatro estrellas.  

Competencias municipales

Se trata de un detalle importante porque de ser así, el órgano competente para aprobar la modificación sería el Consejo Provincial de Urbanismo, no el pleno municipal. Pero desde el consistorio defienden que este cambio es «menor».

La nueva Romareda entra en el tiempo de descuento

En ese sentido, Serrano ha recodado que para reconvertir el antiguo Cuartel de Pontoneros la modificación sí afectó a los sistemas generales y, en cambio, el Ejecutivo aragonés no exigió que pasara por el Consejo de Gobierno.

La segunda pega legal tiene que ver con el texto refundido del PGOU que debería actualizar el ayuntamiento. En caso contrario, y según la DGA, el consistorio no puede seguir aprobado modificaciones del Plan General, como la que se lleva a votación el jueves.

El concejal de Urbanismo ya negó la mayor cuando el consejero de Vertebración del Territorio, José Luis Soro, anunció las dos nuevas alegaciones, porque el Gobierno de Aragón ha vuelto a presentar la que en su día fue rechazada y en la que reclama la titularidad de un vial junto al campo.

Aunque hasta ayer no se había pronunciado de una forma tan contundente, Serrano ya dejó claro hace semanas que ambas alegaciones serían rechazadas. Lo hizo cuando presentó tres informes que aluden a que fue el Gobierno de Aragón el que el 22 de octubre de 2013 aprobó que «la intervención autonómica fuera de carácter facultativo en el planeamiento, de manera que en las tramitaciones de «menor entidad», la competencia para la aprobación definitiva es municipal.

También se descartan las alegaciones presentada por Podemos y ZeC, y la de la Federación de Asociaciones de Barrios (FABZ) y la de la Asociación de Vecinos Tío Jorge, que ha utilizado como argumentario el informe de dos economistas de Sevilla y Extremadura encargado por el PSOE. En el documento avalaban que la cesión debería ser, como máximo, de 40 años, y no de 75 como reclaman desde el club. El presidente de la entidad vecinal, Rafa Tejedor, va en la lista de la alcaldable al ayuntamiento por el PSOE, Lola Ranera.

Lío de informes académicos: el PSOE pide que el Zaragoza gestione La Romareda solo durante 40 años

Pese a que el presidente Javier Lambán aseguró que la DGA no recurrirá la operación Romareda, desde el Gobierno de Azcón siguen sin fiarse. «Quiero pensar que antes de judicializarla se leerán los informes técnicos, es lo más prudente», declaró el concejal, que incidió en que todas las decisiones se han adoptado durante todo el proceso «siguiendo criterios técnicos y jurídicos».

En su día Lambán fue claro: «Dije que el PSOE no judicializaría La Romareda y lo mantengo. Lo dije solemnemente y lo ratifico más solemnemente. El Partido Socialista no judicializará La Romareda. No judicializaremos La Romareda, insisto».

Sin embargo, Azcón ya dijo que no se fiaba y que no descartaba que algún particular presentara un recurso con los argumentos del PSOE. Por ahora, es lo que ha sucedido en el proceso de alegaciones con la asociación vecinal.

Desde el Ejecutivo no descartan nada, al menos desde la consejería de Soro, que ha dicho que antes de adoptar una decisión tienen que conocer los expedientes y los argumentos de los técnicos para desechar sus alegaciones. «La intención no es judicializar la Romareda, simplemente que se cumpla la Ley de Urbanismo», ha declarado. Es decir, que la opción del recurso sigue sobre la mesa, al menos en Vertebración del Territorio.