A poco más de un mes para las elecciones autonómicas y municipales, La Romareda vuelve a protagonizar un nuevo desencuentro entre el Gobierno de Aragón y el Ayuntamiento de Zaragoza. Desde el Ejecutivo han enviado un requerimiento a la casa consistorial solicitándole el expediente del proyecto de construcción y explotación del campo que lleva más de 15 días en licitación y que, explican, debería de haber sido revisado previamente por el Departamento de Presidencia y Relaciones Institucionales.
No ha sido el único porque el Consejo Provincial de Urbanismo le ha enviado un segundo requerimiento recordándole que la modificación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) aprobada por el pleno el pasado mes debe contar con su visto bueno al tratarse de un cambio «sustancial» del planeamiento. También le solicitaban el texto refundido del plan general. El ayuntamiento tiene un mes para responder y, en caso contrario, el Ejecutivo podría recurrir a la vía judicial, una opción que, por ahora y teniendo en cuenta la cercanía de las elecciones, está descartada.
"Palos en la rueda"
En la casa consistorial tienen claro que ambos requerimientos tienen el mismo objetivo, paralizar la construcción del nuevo estadio, «poner palos en la rueda». «Lambán está poniendo en peligro la candidatura del Mundial de Fútbol 2030», ha asegurado el concejal de Urbanismo, Víctor Serrano, que ha recordado que la construcción del nuevo estadio está «ligada» a la competición. «Está haciendo lo que ya hizo en la negociación de los Juego Olímpicos, anteponer sus intereses electorales a cualquier otra circunstancia que tenga que ver con el bien del Pirineo o la capital», ha dicho Serrano, que ha admitido que le preocupa la imagen que está proyectando Aragón en la Federación Española de Fútbol.
El pasado 5 de abril, el ayuntamiento publicó en el perfil del contratante la licitación de la nueva Romareda. La operación, tal y como aprobó el pleno municipal, será mediante el otorgamiento de un derecho de superficie a 75 años y un canon de 36.189.247 millones que tendrá que pagar la empresa ganadora durante los años de cesión, mejorable al alza. Un canon al que se le restan los 5,3 millones que costará derribar la antigua Gerencia de Urbanismo y el Cubo.
La DGA pide la documentación
En su requerimiento, el Ejecutivo se alude al Reglamento de Bienes, Actividades, Servicios y Obras de las Entidades Locales, que establece que "en el caso de enajenación de bienes inmuebles, deberá incorporarse la autorización o toma de conocimiento del Departamento de Presidencia y Relaciones Institucionales con carácter previo a la publicidad de la licitación". Una situación que no se ha producido.
Recuerda que el derecho de superficie, la fórmula de explotación elegida tras la petición expresa del Real Zaragoza, "es un derecho real limitativo del dominio" que resulta "equiparable a los actos de enajenación".
Serrano ha insistido en que la capital solo necesita la autorización de la DGA si la operación supera el 25% del presupuesto municipal, algo que no sucede en este caso, por lo que solo debería solicitar «la toma en consideración».
El texto refundido del PGOU
Por otro lado, el pasado viernes el Consejo Provincial de Urbanismo acordó en un encuentro al que no asistió el Ayuntamiento de Zaragoza, requerir de nuevo al consistorio que cumpla con la Ley de Urbanismo y presente el texto refundido del PGOU antes de seguir adelante con el proyecto de la Romareda. Insiste en su escrito, sin entrar a valorar en la fórmula elegida por la capital para construir el campo, que la aprobación de la modificación debe hacerse en el Consejo de Urbanismo.
Desde el Gobierno de Aragón han visto deficiencias legales en el proceso seguido por Jorge Azcón y el concejal de Urbanismo, Víctor Serrano, para impulsar el proyecto de La Romareda, que contó con la mayoría plenaria (solo PP, Cs y Vox votaron a favor, mientras que ZeC, Podemos y el PSOE lo hicieron en contra).
Dos han sido los motivos que han alegado desde el Ejecutivo aragonés para tratar de paralizar el proceso: si la modificación del PGOU propuesta por PP-Cs es «menor» o «sustancial», o, lo que es lo mismo, si cambia sustancialmente el ordenamiento de la ciudad. Desde el consistorio siempre han defendido que era menor porque no cambia el objeto del equipamiento, que seguirá siendo un campo de fútbol.
Es un detalle importante porque el ayuntamiento solo puede hacer cambios del planeamiento «menores», que no afecten a intereses de carácter supramunicipal porque, entonces, serían competencia del Consejo Provincial de Urbanismo. Desde este órgano aseguran que si la modificación se realiza conforme a la legislación vigente, se aprobará como un trámite administrativo más.
El Consejo Provincial de Urbanismo también ha requerido al ayuntamiento hasta en diez ocasiones para que elabore un texto refundido de su Plan General. En teoría, y según avisó en su día el consejero de Vertebración del Territorio del Gobierno de Aragón, José Luis Soro, el consistorio no podía acometer modificación alguna del Plan General de Ordenación Urbana hasta que no presentase el texto refundido ante el Consejo Provincial de Urbanismo. Ni se ha presentado, aunque los técnicos ya trabajan en ello, ni se han paralizado las modificaciones, como la de La Romareda.
Desde la consejería de José Luis Soro, Vertebración del Territorio del Gobierno de Aragón, aseguran que, dada la cercanía de las elecciones, no tienen intención de judicializar este asunto si el ayuntamiento incumple el plazo de un mes otorgado para responder.
«Lo que ha dicho en su condición de consejero es que si gana la izquierda las elecciones, quien él quiere que gane, no lo va a judicializar, pero si gana uno que no le gusta, lo hará», ha interpretado el concejal, que ha remarcado que se trata de «un argumento electoral». «Si Soro tiene dudas de legalidad, lo que tiene que hacer es ir ya a los tribunales y no condicionar su decisión al resultado electoral», ha insistido Serrano.
El concejal también ha criticado a Lambán por tratar de «asustar» a los inversores del Zaragoza con sus declaraciones, esas en las que cuestionó que el club recurra «a inversores extranjeros a los que les importa poco el futuro del deporte aragonés».
