En el Ayuntamiento de Zaragoza miran el calendario con preocupación. El tiempo corre y todavía no se ha firmado el convenio para la rehabilitación de viviendas con el Gobierno de Aragón. Una firma que supone la llegada de 6,5 millones de euros de Europa, los que han concedido a la capital para actuar en 27 edificios con 210 viviendas en las que residen alrededor de 500 vecinos de los grupos sindicales de Vizconde Escoriaza (en Las Fuentes), Aloy Sala (Casco Histórico) y Basas Ebro Viejo (El Rabal).
Por eso, desde el Gobierno de PP (y los ex de Cs, ahora concejales no adscritos) han urgido a la DGA a poner una fecha para la firma del convenio. «Ocho meses después de enviar la documentación no se ha firmado, no hay fecha y tenemos fecha límite para tener comprometidas y concedidas las ayudas por los ayuntamientos, que es el 30 de noviembre de 2023», ha explicado la concejala de Vivienda, Carolina Andreu, que ha asegurado que el tiempo es muy ajustado.
Desde la consejería de Vertebración del Territorio, Movilidad y Vivienda explican que la documentación se envío al Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma) y están a la espera de que responda y ponga una fecha para formalizar la firma que, previsiblemente, se hará de forma digital. Es lo que sucedió con el convenio para la construcción de vivienda nueva, que también generó algún que otro desencuentro entre ambas instituciones.
El tiempo corre porque las comunidades de vecinos que acometan las obras con las ayudas europeas tendrán que finalizarlas antes de junio de 2026 y presentar la documentación antes del 30 de diciembre de ese mismo año. «Los plazos van muy ajustados y todos estamos muy preocupados», ha asegurado la concejala.
La rehabilitación de las viviendas no le sale gratis a los vecinos, que tienen que aportar una parte sustancial del coste total y que depende de la subvención que consiga el ayuntamiento para sufragar los gastos que conlleva mejorar la envolvente de los edificios, las fachadas, las ventanas, las cubiertos o los forjados.
