La operación Romareda se ha convertido en un serial interminable. El capítulo más esperado está a punto de emitirse porque la semana que viene el Real Zaragoza enviará su anteproyecto a la Real Federación Española de Fútbol (RFEF). Lo hará en medio de la polémica, del fuego cruzado entre la DGA y el ayuntamiento, que continúan llenando la hemeroteca de críticas y acusaciones mientras los inversores empiezan a desconfiar, a mirar con recelo una ciudad con las dos instituciones más importantes enfrentadas por en mismo proyecto. Bien lo saben Javier Lambán y Jorge Azcón, que admiten que la candidatura de Zaragoza para el Mundial de Fútbol de 2030 está en «riesgo» y se responsabiliza de ello unos a otros.
En ese constante tira y afloja, este miércoles Jorge Azcón ha vuelto a defender públicamente el proyecto planteado, «impecable jurídicamente», ha afirmado el alcalde, que ha insistido en que lo que pretenden «los partidos de izquierda, liderados por el PSOE, es boicotear» el futuro del estadio de fútbol.
La RFEF quiere tener detalles concretos del futuro campo zaragozano antes del día 12. Reclama proyectos tangibles para poder armar la candidatura de España al Mundial 2030 y va a ser el Real Zaragoza el encargado de convencer a la federación de que la de Zaragoza es la mejor opción. Lo hará el club a pesar de que el plazo para presentar ofertas a la licitación para la construcción y explotación del campo durante los próximos 75 años está abierto hasta septiembre. Sin embargo, en la casa consistorial no se espera que haya otros interesados.
Un día después de que Lambán acusara en el desayuno-coloquio de EL PERIÓDICO a Azcón de ser un «insumiso» ante la ley por obviar el requerimiento de la Comisión Provincial de Urbanismo, su rival electoral ha defendido que la operación es «jurídicamente es impecable». Según la DGA, la modificación del planeamiento es «sustancial» por lo que necesita el visto bueno de este organismo para ser legal. Desde el consistorio niegan la mayor y reclaman su autonomía.
Azcón ha lamentado que desde la izquierda estén tratando de «boicotear» el proyecto. Primero, ha dicho, lo hizo CHA «desde su responsabilidad en el Gobierno de Aragón», emitiendo «informes en contra» y ahora «Podemos quiere pararlo desde el Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Aragón (TACPA)». La formación morada tiene dudas legales sobre la utilización del derecho de superficie.
«Lo que quiere es hacer ruido en un momento especialmente sensible como es el periodo electoral», ha asegurado Azcón. Desde su equipo explican que el TACPA no entra a valorar procesos relacionados con bienes patrimoniales, como es el caso de La Romareda.
El primer edil ha criticado que no es la primera vez «que la izquierda va en contra de un proyecto de ciudad» durante los últimos cuatro años. Sucedió, recordó, con el contrato de limpieza, que el PSOE también elevó la TACPA, lo que retrasó su puesta en marcha. Ahora, ha apuntado el alcalde, «Podemos quiere retrasar la nueva Romareda».
