El Ayuntamiento de Zaragoza ha solicitado al Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (MITMA) que prorrogue hasta final de año la bonificación del 50% del transporte público. El descuento aprobado por el Gobierno de Sánchez (que exigía la implicación de los entes locales) decaerá el 30 de junio, de manera que, de no ampliarse el plazo, el viaje en bus y tranvía pasará de costar 41 céntimos a 82, siempre que se utilice la tarjeta multiviaje, porque el billete sencillo cuesta 1,50 euros.
Por ahora, el Ejecutivo central no ha tomado una decisión sobre la posible prórroga de esta medida, incluida en el decreto anticrisis para combatir la inflación. La vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, dio a entender esta semana que el descuento se ampliará hasta final de año. Lo hizo después de que el Gobierno de la Comunidad de Madrid planteara la posibilidad de no extender la bonificación más allá del 1 de julio. «Tiene un efecto social muy positivo, puesto que ayuda sobre todo a la clase media y trabajadora, estudiantes y autónomos; y también tiene un impacto positivo desde el punto de vista del cambio climático, puesto que fomenta medios transportes más sostenibles», respondió Calviño, sin concretar nada más.
Mientras que la popular Isabel Díaz Ayuso plantea retirar la bonificación del 20% que le corresponde a las comunidades o los ayuntamientos, dependiendo de quien gestione el servicio, --el otro 30% corre a cargo del Estado--, en Zaragoza, la concejala de Servicios Públicos y Movilidad en funciones y próxima alcaldesa, la también conservadora Natalia Chueca, quiere que se amplíe hasta final de año.
La predisposición de la ciudad
Chueca envió la semana pasada un requerimiento al Gobierno de España para aprobar un instrumento normativo que permita prorrogar la bonificación de las tarifas. En ese escrito le manifestaba igualmente su disposición a continuar asumiendo el 20% del coste del servicio, que asciende a los 66,5 millones anuales sin la subvención. Con el descuento del 50% se eleva hasta los 96 millones. Una diferencia motivada por el coste que tiene aplicar este descuento, que Movilidad cifra en 30 millones la pérdida de recaudación a final de año.
La alcaldesa in pectore no desaprovechó la ocasión para reclamar el pago de los 7.385.365 millones de euros correspondientes el primer semestre del año. Esta es la cuantía que, según los cálculos de Movilidad, debería asumir el Gobierno central. Es decir, ese 30% por billete que se comprometió a costear. Subrayan desde Movilidad que el ayuntamiento ha tenido que adelantar este dinero, por lo que urgen al MITMA a que realice su abono.
Sin embargo, añaden, el ministerio «no está asumiendo la cantidad comprometida en el decreto». Según explican, al presupuestar una «cantidad fija en el decreto, el Estado no va a cubrir la totalidad del déficit» que genera subvencionar el servicio.
El reparto del déficit
Según Movilidad, en el reparto «teórico» del déficit y en el supuesto de que se prorrogara la ayuda hasta final de año, la bonificación del 20% del bus y el tranvía conllevaría un gasto para las arcas públicas de 12 millones de euros a final de año, mientras que el Estado debería sumir 18, correspondientes al 30%. Sin embargo, atendiendo a las cantidades «previstas» por el Gobierno de Sánchez, la ciudad acabará pagando más y eleva el coste extra en 3,2 millones. Es decir, y siempre según los cálculos de Movilidad, el ayuntamiento va a acabar asumiendo 15,2 millones de déficit frente a los 14,7 que abonará el MITMA.
De no ampliarse la ayuda, el primer semestre del año ya ha supuesto un gasto extra de 7,6 millones para la ciudad y de 7,3 para el Estado. El resto del año se generaría un déficit de otros 7,5 y 7,3 millones respectivamente, según explican desde Movilidad.
Cabe recordar que el Gobierno del PP aprobó una subida del precio del transporte al actualizar las tarifas al IPC de noviembre. Es decir, que subió un 7%. El impacto no se ha notado por la bonificación, que ha compensado el incremento real del billete, en 12 céntimos.
