La Justicia respalda la prohibición de hipotecar el Spa de Ranillas de Zaragoza

Varapalo judicial para la empresa que gestiona el Spa de Ranillas de Zaragoza y el minigolf, Cublan Inversiones. La concesionaria, que el año pasado entró en concurso de acreedores voluntario, trató de responsabilizar al ayuntamiento de su quiebra por no autorizar una operación con la que pretendía recurrir a la financiación privada para salir a flote y resucitar este negocio. Dicho de otro modo, para hipotecar el centro termal. Ahora, la Justicia ha avalado la prohibición decretada por el consistorio.

La empresa recurrió el acuerdo del Gobierno de Zaragoza (entonces con Jorge Azcón) de enero de 2022 alegando su derecho a recurrir a esta operación crediticia para rescatar el negocio, pero la Justicia entiende que el consistorio no puede respaldarla ya que carece de licencia de funcionamiento, por lo que el centro termal seguirá clausurado sine die.

La situación financiera de Cubla Inversiones no es muy favorable y acumula unas deudas que ascienden a 14,6 millones de euros, los que, junto a sus acreedores, pretendía que asumiera el Ayuntamiento de Zaragoza. También tiene una deuda contraída con el ayuntamiento de 213.876,95 euros por el impacto de las tasas municipales.

Cabe recurso

Aunque cabe recurso de apelación, el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 1 de Zaragoza concluye que el consistorio hizo bien denegándole la operación de financiación privada «mediante la emisiones de títulos con garantía hipotecaria» dada la «imposibilidad» de la empresa para gestionar y explotar las instalaciones al carecer de la licencia de funcionamiento.

Pese a que el centro termal abrió por primera vez en 2011, no fue hasta noviembre del año 2021 cuando la Gerencia de Urbanismo resolvió la solicitud de esta licencia. Sucedió diez años después de entrar en funcionamiento y de forma negativa, ya que el consistorio denegó la licencia alegando que no había aportado en plazo la documentación solicitada por el servicio de Prevención. Este asunto también está judicializado a la espera de que el Tribunal Superior de Justicia dicte sentencia.

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Casualidades, un mes antes de que Urbanismo diera carpetazo al expediente, Cublan Inversiones había avisado al consistorio de su intención de hipotecar el spa mediante la emisiones de títulos con garantía de derecho real de hipoteca sobre la concesión. En concreto, había firmado una operación de financiación de 3,5 millones de euros con la entidad Audentia Capital, un préstamo con el que pretendía saldar su deuda con el ayuntamiento y acometer las inversiones que requieren estas instalaciones para adaptarlas a las nuevas exigencias que introdujo la pandemia del coronavirus.

El ayuntamiento denegó la autorización de la «emisiones de obligaciones» para la financiación del spa en enero de 2022 y ahora la jueza resuelve que lo hizo «conforme a derecho».

"Razones de interés público"

La magistrada destaca en su fallo dos hechos, que la empresa tiene deudas contraídas con el consistorio y carece de licencia de funcionamiento. Dos asuntos que no son baladí para la jueza, que también subraya que Cublan Inversiones se encuentra en concurso de acreedores y que el ayuntamiento «ostenta condición de acreedora» en este procedimiento. Por todo ello, concluye que «dadas estas circunstancias», la operación solicitada de financiación privada «afecta al buen fin de la concesión» y que existen «razones de interés público relevantes para denegarla» dada la «imposibilidad» para explotar tanto el mini golf como el centro termal.

El proceso puede que no acabe aquí porque Cublan Inversiones, que tiene otros tantos procesos judiciales en marcha, puede presentar un recurso de apelación ante el Tribunal Superior de Justicia de Aragón.

Esta es la segunda empresa que asume la dirección y gestión del centro termal de Ranillas, que surgió tras un primer acuerdo entre el ayuntamiento y Z08 Agua y Ocio en julio de 2007 y que acabó entrando en liquidación en el año 2014. No fue hasta febrero de 2017 cuando Cublan decidió comprar en un anterior concurso de acreedores esta unidad productiva con la promesa del consistorio zaragozano (entonces con ZeC en el Gobierno) de otorgarle la licencia de funcionamiento. Seis años después tiene el negocio cerrado, un goteo de deudas y procesos judiciales abiertos y carece de la licencia de actividad.

Concurso a la espera de otro fallo

Tres frentes tiene abiertos la concesionaria del centro termal del Parque del Agua con el Ayuntamiento de Zaragoza. El recurso contra la decisión del Gobierno municipal de prohibir la operación de crédito que habría salvado su situación financiera –al menos eso dice la empresa–, es solo una de esas piezas. Pero faltan dos que son aún más relevantes para el desenlace de un pulso en el que está en juego asumir o no el pago de casi 14 millones de euros.

El segundo de esos litigios es el que, en un primer momento, le dio la razón a la concesionaria y que el ayuntamiento tiene actualmente recurrida en el Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA). Se refiere a la denegación de la licencia de actividad por parte de la Gerencia de Urbanismo en noviembre de 2021. En su día, se solicitó el 29 de octubre, nueve días después de llegar a un acuerdo con una entidad financiera para lograr una inyección de 3,5 millones de euros. Pero se le denegó casi dos semanas después y luego, meses más tarde, se le prohibía usar la concesión para avalar ese crédito, precisamente porque no tenía la licencia concedida. Pues bien, a finales de 2022, la Justicia declaraba nula la decisión de denegarle la licencia porque se había hecho de forma irregular. La sentencia del contencioso-administrativo no entraba en el fondo de la cuestión, pero sí en la forma, y en que no se había respetado el procedimiento ordinario.

Sin embargo, esa sentencia es la que ha provocado que hoy todo el procedimiento concursal esté paralizado. Esa fue la decisión adoptada por el juzgado de lo Mercantil número 2 de Zaragoza, el que está llevando la quiebra de la concesionaria del centro termal de Ranillas. El juez que debe determinar si hay o no culpabilidad en el ayuntamiento en esa deuda de 14,6 millones de euros que tiene la empresa con sus acreedores.

¿Por qué? Pues porque el magistrado optó por la prudencia y decidió aguardar a que se pronunciara el TSJA sobre el recurso relacionado con esta denegación de licencia. Porque si, como defiende el consistorio, se hizo correctamente ese rechazo al permiso para abrir, no hay culpabilidad posible en impedirle avalar una operación crediticia con ese bien municipal. Y si se hizo mal, seguirá la amenaza de tener que asumir esa culpabilidad. Son piezas encadenadas en un mismo pulso, pero las dos más importantes siguen sin encajar.