Con agosto a la vuelta de la esquina y casi un mes después de que Natalia Chueca fuera investida alcaldesa de Zaragoza, el ayuntamiento de la capital aragonesa todavía no ha empezado a funcionar. Los distintos grupos políticos deben pactar todavía la composición de las diferentes comisiones, la organización de los plenos, la dedicación (parcial o exclusiva) de los concejales y los asesores de los que dispondrá cada grupo municipal para poder cumplir con sus funciones. Este último asunto es el que está dilatando las negociaciones, puesto que la posición del PP no coincide con la del resto de los partidos.
El pasado 19 de junio, la alcaldesa, Natalia Chueca, firmó ya un decreto en el que nombraba a los asesores del Gobierno, que constan como personal eventual en el organigrama municipal. Eran 13 puestos en total, en los que se incluye el jefe de gabinete, el equipo de prensa y comunicación y otros trabajadores que asesorarán a los responsables de las distintas áreas.
El caso es que, según la normativa vigente, las administraciones solo pueden contratar un número de asesores equivalente al 0,7% de la plantilla total que dependa de esa institución. En Zaragoza ese límite está en 44 personas, que es el número de asesores que los cuatro grupos municipales con representación en el consistorio deben repartirse.
El PP quiere el 70% del presupuesto en asesores
A esos 44 hay que restar los 13 ya nombrados por Chueca para el Gobierno, por lo que quedaban 31 para conformar las plantillas de los grupos municipales. Pues bien, el PP quería asegurarse, según ha podido saber este diario, otros tantos asesores que trabajen no para el Gobierno sino para su grupo municipal, hasta llegar hasta los 28 en total, lo que dejaría a los otros tres grupos (PSOE, Vox y ZeC) con solo 16 para repartirse. Hoy habrá una nueva junta de portavoces para tratar de desencallar el asunto, puesto que los plazos corren: el lunes, como fecha límite, debe celebrarse un pleno en el que se dé cuenta y se aprueben todas estas cuestiones relativas al funcionamiento del consistorio.
El límite de las 44 personas que puede contratar el ayuntamiento como eventuales no es el único, ya que la partida presupuestaria para fichar asesores también es limitada: hay poco más de 1,8 millones de euros.
Pues bien, con los nombramientos de Chueca el pasado 19 de junio ya se consume el 45% de la partida. Y si el PP acabara quedándose con esos 28 asesores que pretende, el porcentaje subiría hasta el 70% del total. Dejaría a los otros tres grupos con unos 540.000 euros para poder hacer contrataciones.
El reparto de asesores, y el resto de cuestiones que siguen sin cerrarse, son acuerdos que suelen resolverse en el inicio de cada mandato con un pacto unánime en la junta de portavoces, lo que no está ocurriendo en esta ocasión. Pero el PP tampoco puede imponer su voluntad sin más porque no tiene la mayoría, por lo que en el pleno que ha de celebrarse podría perder si Vox, PSOE y ZeC votan en contra de su propuesta organizativa. Sin embargo, lo más probable, según fuentes consultadas, es que haya un acuerdo antes.
Un problema para los grupos pequeños
Uno de los problemas que surgen por el reparto de asesores que propone el PP es que los grupos más pequeños, como son Vox y ZeC, con cuatro y dos concejales, respectivamente, apenas podrían contar con personal extra más allá de los cargos electos para poder desempeñar su labor de oposición.
A Vox se le han ofrecido cuatro y a ZeC, dos, por lo que en total el grupo municipal de Zaragoza en Común estaría formado solo por cuatro personas, lo que limitaría mucho su posibilidad de preparar las comisiones, formular preguntas y estudiar expedientes, entre otros asuntos.
Asimismo, el partido en el Gobierno no solía anteriormente contratar a un número tan elevado de asesores para su grupo municipal, puesto que su trabajo es menos comparado con el de resto de grupos, que deben hacer oposición. Sea como fuere, los plazos aprietan y el Ayuntamiento de Zaragoza no ha empezado a andar.
