Los taxis de Zaragoza se lanzan 'a la búsqueda' de los coches de VTC sin licencia

Desde hace una semana, en Zaragoza capital solo pueden operar las VTC que cuentan con una licencia municipal, de las que existen 59. Sin embargo, los taxistas alertan de que tanto Uber como Cabify siguen trabajando en la ciudad sin aclarar con qué tipo de permisos cuentan. Por ello, y sumado a las campañas de vigilancia que se han llevado a cabo por parte de la DGA, la Policía Local y la Guardia Civil, desde el sector del taxi están realizando su propia labor inspectora «para que se vaya todo aquel que no está cumpliendo con la normativa», asegura el presidente de la asociación provincial de Autotaxi, Miguel Ángel Perdiguero.

Él mismo, afirma, tiene controladas más de 50 matrículas de coches de Uber y Cabify que apunta para después comprobar si figuran en el registro de VTC del ministerio, una labor que, no obstante, no es sencilla puesto que por parte de las multinacionales de este sector existe «un oscurantismo total». «Son opacos, no sabemos con qué licencias cuentan. Lo único que está claro es que desde el pasado 8 de diciembre en Zaragoza solo pueden trabajar los coches que cuenten con licencia municipal. El resto solo puede hacer servicios interurbanos», insiste Perdiguero.

Campaña de inspección a las VTC en Zaragoza: un tercio de los coches operaban sin licencia

La semana pasada, entre los días 5 y 9 de octubre, se llevó a cabo una campaña de inspección a instancias de la DGA y en la que colaboraron también la Guardia Civil y la Policía Local. El resultado fue que un tercio de los 115 VTC no contaban con el permiso municipal necesario para poder trabajar en Zaragoza. «Y más sorpresas que habrá –añade Perdiguero– porque hay que tener en cuenta que parte de esas inspecciones se hicieron antes del día 8», que es desde cuando es necesario ese permiso especial del ayuntamiento.

Ante esta situación, los taxistas reclaman más campañas de inspección. «Están incumpliendo la ley», insiste seguro Perdiguero. Además de no contar con licencia, hubo a un conductor de VTC al que la Policía Local interceptó sin permiso de conducir. «Si pasa eso con un taxista, no te quiero contar lo que ocurriría. Lo que queremos es trabajar en igualdad de condiciones», explica el presidente de la asociación provincial de Autotaxi.

Desde el Gobierno de Aragón explican que este tipo de campañas de inspección se han venido realizando de forma periódica y que continuarán. Y desde la Policía Local afirman que, aunque en esta ocasión se hizo en colaboración con la Guardia Civil y los funcionarios de la consejería de Transporte del Ejecutivo autonómico, los agentes de la unidad de Motoristas realizan una tarea de «supervisión permanente» y que, cuando observan que se puede estar infringiendo la normativa, los policías comprueban si los coches de Uber y Cabify cuentan con toda la documentación en vigor. No obstante, cuando se localiza a uno de estos coches sin licencia, no se inmoviliza, por lo que vuelven a salir a la calle, denuncian los taxistas.

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El próximo viernes, todas las partes –DGA, ayuntamiento, taxis y VTC– están citados en una reunión para tratar de avanzar en la nueva normativa autonómica que reculará la actividad de estas multinacionales en el territorio aragonés.

«Lo que queremos es que se establezcan unas reglas del juego claras e iguales para todos. No puede ser que una licencia de taxi cueste 60.000 euros y una de Uber no cueste nada. O que una sola persona pueda ostentar 1.000 licencias de VTC», pide Perdiguero.

Sobre el número de licencias VTC que deberían otorgarse, Perdiguero reclama realizar un estudio de derecho comparado para interpretar qué es lo que marcan las distintas sentencias que, en el ámbito europeo, se han mostrado en contra de la regla 1/30, que establece que se puede conceder un permiso de VTC por cada 30 taxis.

«Si están en contra de esa proporción –que es la que se sigue en Zaragoza– que la denuncien, pero entonces decaerán todas las licencias. Hay que estudiar cuántas licencias caben en la ciudad porque el espacio público es limitado. Y en función de eso que se otorguen. Pero ahora mismo están incumpliendo la ley», zanja Perdiguero.