La DGA analiza con los taxistas y las VTC sus aportaciones para la nueva ley, que estará lista en dos años

El Gobierno de Aragón se reunió este viernes con el sector del taxi en Zaragoza, con el ayuntamiento de la capital y con representantes de las multinacionales de las VTC para tratar de establecer un punto de partida desde el que avanzar hacia una nueva normativa autonómica que permita garantizar «la relación entre los dos modelos de negocio y procurar una convivencia armónica en el marco de la legalidad vigente». Según informó el presidente de la asociación provincial de Autotaxi, Miguel Ángel Perdiguero, este no será el último encuentro que mantengan las cuatro partes.

Esta primera reunión sirvió «como toma de contacto» para realizar un «cambio de impresiones» sobre lo que tendrá que recoger la futura norma. «En principio todo pinta bien», afirmó Perdiguero. Las conversaciones se van a llevar a través del Consejo Aragonés del Transporte y que se va a crear una comisión especializada en la que estarán presentes todas las partes para elaborar de forma conjunta un borrador de la norma que permita satisfacer las necesidades de todos de acuerdo al cuerpo legislativo vigente en este momento. 

Por parte del Gobierno de Aragón estuvo presente el director general de Transportes, Miguel Ángel Anía y también acudieron representantes del sector de las VTC tradicionales (que no trabajan con Uber o Cabify) y el secretario nacional de Antaxi, la asociación estatal que agrupa a los taxistas de toda España.

Cubrir el vacío legal

El director general de Transportes informó a las partes sobre el plan previsto para la elaboración de una normativa que regule de forma armoniza las condiciones de acceso y desempeño de los tres tipos de servicios que están regulados por la ley cómo transporte público de viajeros en vehículos de turismo. 

Este proyecto, explica la DGA, "vendrá a cubrir el vacío legal existe por la ausencia de una normativa actualizada a nivel nacional y que todavía no ha sido afrontado por ninguna otra comunidad autónoma". El plazo estimado para la elaboración de la normativa es de unos 2 años. 

Todos los asistentes han manifestado su satisfacción por la iniciativa del Gobierno de Aragón y su máxima disposición a colaborar en su desarrollo ya que podría ser un referente para resolver definitivamente los conflictos creados por la actual inseguridad jurídica.

El objetivo de los taxistas es conseguir una regulación clara que deje atrás las dudas y la inseguridad jurídica a la que se ha enfrentado el sector después de varias sentencias en España y Europa que han sido favorables a los intereses de las multinacionales del sector de las VTC. Perdiguero defiende que se establezca un cupo de licencias máximo de VTC que se puedan otorgar en Zaragoza teniendo en cuenta el número de taxis en la ciudad y en el espacio público.