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130 agentes de la Policía Local de Zaragoza estrenarán cámaras corporales el 2 de diciembre

El ayuntamiento ya tiene la autorización e implementará progresivamente en la Policía Local los más de 750 dispositivos que tiene preparados desde verano

Imagen de archivo de dos agentes de la Policía Local de Zaragoza.

Imagen de archivo de dos agentes de la Policía Local de Zaragoza. / Ángel de Castro

Alberto Arilla

Alberto Arilla

Zaragoza

El Ayuntamiento de Zaragoza ya tiene la autorización legal que necesitaba para comenzar a poner en funcionamiento las más de 750 cámaras corporales (bodycams) que tenía en el cajón desde este verano en los agentes de la Policía Local. De hecho, los primeros dispositivos ya se pondrán a disposición de 130 agentes de la Unidad de Apoyo Operativo (UAPO) dentro de dos semanas, es decir, a partir del próximo lunes 2 de diciembre. La intención del consistorio es ir implementando el resto de cámaras de forma progresiva en otras unidades del cuerpo local de policía.

En cualquier caso, desde el ayuntamiento lamentan la "tardanza" en dicha autorización, ya que, dicen, les hubiese gustado poder ponerlas en marcha antes, con los Pilares como buen punto de partida. Y es que no fue hasta el pasado jueves, 14 de noviembre, cuando la Delegación del Gobierno en Aragón se pronunció sobre una petición que el consistorio había registrado el pasado 11 de junio.

Cinco meses después, los servicios jurídicos de la Delegación han resuelto que esta no es competente para autorizar, supervisar o vetar su uso, cuestión que corresponde, por tanto, a la propia entidad local. Tanto es así que en la propia misiva, la Delegación que dirije Fernando Beltrán va más allá y resalta que "la decisión de su dotación a los funcionarios de Policía", además de su uso, custodia o destrucción de las grabaciones e imágenes captadas, también serán competencia "exclusiva" del Ayuntamiento de Zaragoza, con el matiz evidente del cumplimiento de la ley de protección de datos.

Hace unos meses, el ayuntamiento adquirió 721 cámaras por 464.000 euros, a las que luego se sumaron otras 40 ofertadas por la propia empresa, que también aportó 150 soportes y 13 bases de carga adicionales. Este tipo de cámaras son utilizadas por diferentes Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, con un fin doble. Por un lado, proteger en cierta medida la integridad de los agentes cuando están en servicio. Y, por otro, para garantizar el respeto a los derechos fundamentales y las libertades públicas. Es decir, asegurar el principio de proporcionalidad en la fuerza empleada en las intervenciones policiales.

Estas grabaciones pueden constituir un medio de prueba de la aplicación indebida de dicho uso de la fuerza y también un principio de prueba ante denuncias carentes de fundamento alguno frente a los agentes que realizan una intervención.

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