Zaragoza no podrá recuperar los 52 millones de la plusvalía

La batalla entre el Ayuntamiento de Zaragoza y el Estado a cuenta de los cambios en el impuesto de plusvalía, que supusieron una merma de casi 52 millones de euros para las arcas municipales, encontró la semana pasada un verdadero revés para el consistorio. El jueves, una sentencia del Tribunal Supremo tumbó el recurso que la ciudad presentó en enero para solicitar al Ejecutivo central una indemnización, toda vez que fueron las arcas municipales las que tuvieron que hacer frente a las devoluciones y cancelaciones relacionadas con este tributo. Ahora, y aunque siendo consciente de que las posibilidades de éxito del recurso no eran claras, la concejala de Hacienda de la capital aragonesa, Blanca Solans, lamenta la «falta de diálogo» y de «empatía» por parte del Gobierno hacia los ayuntamientos en relación con un asunto que, en última instancia, «hace un daño a los ciudadanos».

Una vez conocida la decisión del Alto tribunal, la responsable municipal de Hacienda recuerda que el golpe no afecta a los presupuestos actuales ni venideros, pues la ciudad ya tuvo que hacer frente a las devoluciones en anteriores años y «evidentemente» no estaban contemplados como ingreso los 51,2 millones de euros que reclamaba la ciudad. Además, considera que no se debe entender la noticia «como un fracaso» del consistorio. «Lo que hay que entenderlo es como un fracaso por no tener los ayuntamientos a un aliado estratégico, que es el ministerio», añade. «A quien ha dado de lado es a los ciudadanos de Zaragoza», insiste.

Tras el fallo del Supremo, Solans explica que actualmente los servicios jurídicos del ayuntamiento están estudiando si cabe algún tipo de acción ante la sentencia. No obstante, advierte de que el hecho de que se hayan explorado todas las vías judiciales «no significa que este tema políticamente haya terminado».

Para la concejala, lo que motivó a Zaragoza a recurrir al Supremo, como también hicieron Valencia y Madrid, con idénticos resultados, fue «la falta de diálogo, de empatía y de una mesa de trabajo» en torno al Ministerio de Hacienda y los ayuntamientos afectados cuando surgió este embrollo. Fue a raíz de dos sentencias del Tribunal Constitucional que anulaban varios artículos de la Ley Reguladora de Haciendas Locales y que llevaron a que los ayuntamientos tuvieran que devolver lo recaudado por el impuesto.

En su fallo del jueves, la sección 5 de la sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Constitucional desestimó el recurso del ayuntamiento, aludiendo a que este lo presentó fuera de plazo. Esta maniobra jurídica del consistorio llegó después de que el Consejo de Ministros ya desestimara en noviembre de 2023 la reclamación formal que la ciudad presentó al Ejecutivo central casi un año antes, todavía con Jorge Azcón como alcalde.