ZeC alerta del “abuso de horas extras” por la “mala gestión” del PP: hay funcionarios que han hecho 225 horas de más

El grupo municipal de Zaragoza en Común ha denunciado la situación de personal al respecto de las horas extras que realizan los funcionarios de la casa consistorial, tiempo que según el interventor no está debidamente justificado, y que supondría el trabajo de 65 empleados/as públicos, tal y como ha avanzado EL PERIÓDICO DE ARAGÓN.

La formación ha denunciado la pérdida de funcionariado y la no convocatoria de empleo público suficiente, situación que se suple con la sobrecarga del resto de personal y la externalización de servicios: la vigilancia del edificio Seminario, el personal del Teatro del Mercado o de la Casa de la Mujer son algunos ejemplos.

El interventor alerta del número "muy elevado" de horas extra entre los funcionarios del Ayuntamiento de Zaragoza

Esta “grave situación” está recogida en el ‘Informe definitivo de recomendaciones de control financiero de gastos de personal -servicios extraordinarios-’, que recoge las horas extraordinarias que llevan a cabo los funcionarios municipales y sus irregularidades en la gestión de las mismas.

“Vemos como cada paso que da este gobierno de la mano del concejal Alfonso Mendoza va en la línea de debilitar la administración del Ayuntamiento de Zaragoza, que continúa a un ritmo vertiginoso de pérdida de funcionarios”, ha señalado el concejal Suso Domínguez.

Además, según el edil, el gobierno del PP también está incumpliendo sistemáticamente los ‘Acuerdos de condiciones del personal funcionario del Ayuntamiento de Zaragoza’ que recogen que no se podrán realizar más de 50 horas al año por trabajador y que, en todo caso, se deberá priorizar la compensación de esas horas por descanso, siendo la contraprestación económica para “casos excepcionales y no generales” y siempre limitándose a ese total de horas.

Horas extra

Un total de 436 trabajadores percibieron gratificaciones al haber realizado más de 50 horas extras, más de la mitad han realizado más de 100 horas extras y 25 han alcanzado las 300 horas.

El informe refleja la situación de algunos trabajadores que hacen hasta 225 horas extraordinarias al año, remuneradas con 4794 euros, teniendo atribuidas tareas de asistencia al Festival Vive Latino. Y que, durante el mes de septiembre,  ha realizado más horas extraordinarias que las derivadas de su jornada ordinaria, un 200% más. Este mismo trabajador, por ejemplo, ha realizado, además, horas extraordinarias en la oficina de Espacio Urbano y gestión de residuos, 273 horas en el mes de septiembre. Esto supone un 498 horas extraordinarias en dos meses, lo equivalente a jornadas laborales de 14,55 horas en septiembre y 16,76 horas en octubre. Otros funcionarios tienen aprobados importes de compensación económica de 10.000 y 12.000 euros.

“Las administraciones públicas deben de ser exquisitas en el cumplimiento de la normativa y acuerdos laborales, que garantizan los derechos de los trabajadores, debemos ser un ejemplo para la empresa privada, el abuso de horas extras es uno de los factores que limitan el crecimiento del empleo además de ser uno de los factores de aumento de los accidentes laborales".

El Interventor recoge en su tercera recomendación la obligación del Servicio de Recursos Humanos, dependiente del Consejero Mendoza, de revisar y regularizar los casos en los que no queda justificado el abono de las gratificaciones. “Este gobierno nos vende el multiverso y la Smart City pero no dispone de herramientas informáticas para conocer y tratar la información sobre las horas extra llevadas a cabo por los funcionarios de los diferentes servicios”, ha señalado Domínguez.

Para Zaragoza en Común, este informe “es una muestra más de la mala gestión del señor Mendoza, que se suma a una lista de actuaciones cuyo único objetivo es debilitar la estructura de personal que sostiene a este ayuntamiento y externalizar los servicios”.

Domínguez ha recordado que el pasado mes, la formación instó a la reprobación del Sr Mendoza por” la ausencia de la debida buena fe negocial, que ha supuesto que el personal laboral lleve 6 años sin firmar contrato, y cuya falta de capacidad negociadora ya se puso de manifiesto en la firma del acuerdo de funcionarios que por primera vez se aprobó sin mayoría sindical”.