Inmigrantes denuncian la venta fraudulenta de citas en el Registro Civil y en la Policía Nacional en Zaragoza

Asociaciones de Inmigrantes se han reunido este martes con La Justicia de Aragón, Concepción Gimeno, para plantear una queja por la venta fraudulenta de citas para recibir atención en el Registro Civil de Zaragoza y en la Oficina de Extranjería de la Policía Nacional en la ciudad.

Según informan en un comunicado conjunto estas organizaciones, las asociaciones de migrantes Atarraya Centroamérica, Monserrate, Plataforma SOS colombianos y Alianza Intercultural de Asociaciones de Aragón, estas prácticas vulneran los derechos de la población de origen extranjero y especialmente vulnerable, al obligarles a pagar por un servicio que debería ser gratuito y accesible para toda la ciudadanía.

Además, las asociaciones ha alertado sobre la existencia de "tramitadores y mediadores" que consiguen estas citas de forma preferente respecto al resto de los solicitantes, generando, advierten, "un mercado oculto y paralelo que agrava aún más la desigualdad de acceso".

Por esta razón, las asociaciones exigen medidas urgentes para garantizar la transparencia y la equidad en los procesos de solicitud de citas, así como la apertura de investigaciones que permitan identificar y sancionar a los responsables de estas prácticas fraudulentas, "sean abogados, ciudadanos particulares o empleados públicos de estos servicios", añaden.

A juicio de estos colectivos, la falta de planificación y organización con el sistema de adjudicación de citas, el escaso control institucional y la insuficiencia de recursos para la atención de la demanda son factores que han facilitado la proliferación de este "negocio ilegal" que afecta a miles de personas migrantes en situación de vulnerabilidad.

Según las fuentes citadas, La Justicia aseguró ser conocedora de esta situación debido a que durante su primer año de gestión al frente de la institución había recibido quejas y denuncias similares por parte de las personas afectadas así como de abogados de extranjería críticos con las dificultades a las que se enfrentan para acceder a las citas para tramitar procesos de regularización administrativa y permisos para solicitantes de asilo.

La responsable institucional, añaden las fuentes, se comprometió a mantener un diálogo directo con la Delegación del Gobierno en Aragón, "a pesar de que sus competencias no incluyen a las instituciones del Estado"