El Oliver sale a la calle para frenar el desahucio de 20 vecinos: "No tengo donde ir porque a mi madre y a mi hermana también las echan"
Más de 100 personas apoyan a los afectados en una protesta para intentar evitar que la Sareb culmine el desalojo

En imágenes | El barrio Oliver sale a la calle para frenar el desahucio de 20 vecinos / IVÁN ANADÓN

"Es algo que nunca esperas que te vaya a ocurrir a ti. De la noche a la mañana, sin que tu tengas responsabilidad de nada, te echan de tu casa. Nunca he dejado de pagar, ni cuando he pasado malas rachas". Habla Vero García, una de las vecinas de los bloques de la Sareb en el barrio Oliver que el conocido como banco malo va a desahuciar. "Y si me echan a casa de mi madre no me puedo ir, porque ellos están en la misma situación. Viven en otro de los pisos de la Sareb. A ellos también les echan. Y a mi hermana". Ante este panorama, este viernes se han echado a la calle apoyados por más de 100 vecinos y el Sindicato de Inquilinas para protestar contra "la injusticia", con pancartas en las que se podía leer el rechazo a la "especulación" o las críticas a la Sareb y cánticos que iban desde el famoso ¡Del barco de Chanquete, no nos moverán! hasta el más práctico ¡No nos vamos, nos quedamos!
Su situación es equivalente a la del resto de sus vecinos. Son 14 familias, una veintena de personas, algunas de ellas defendidas por el abogado Francisco Javier Antoranz, que ayer también participó en la concrentración. A todas ellas, la Sareb les ha puesto fecha para que dejen sus casas. Será entre finales de marzo y principios de abril. "Yo llevo 15 años en esta casa. Desde el año 2010. Y siempre he pagado y tengo la fianza depositada en la DGA", explica la mujer. "Es una injusticia muy grande porque me van a echar de mi casa por las deudas de otra persona", lamenta García.
Se refiere al propietario de estos inmuebles en los que viven 14 familias de alquiler. Por deudas contraídas con la Administración, los bloques acabaron en manos de la Sareb, una entidad participada por el Estado y, por lo tanto, semipública. Ahora este mismo organismo es el que ha decretado, por la vía judicial, los desahucios de todas estas personas. "Nunca se han dirigido a nosotros", asegura. "Solo recibimos la carta de que nos echaban".
"Hay gente muy afectada. Hay familias aquí que son vulnerables, con pocos recursos, jubilados... Se supone que todo el mundo tiene derecho a una vivienda digna y de un día para otro nos echan", lamenta. Todo este proceso está teniendo "consecuencias psicológicas" para los afectados, alguno de los cuales ha sufrido procesos de ansiedad. Según cuenta Vero García, ella empezó pagando un alquiler de 500 euros al mes más 94 euros de comunidad. "Pero en 2018 nos lo bajaron a 350", relata, pero esta bajada no les pareció "rara". "Teníamos mucha confianza con el casero. Hablábamos con él y siempre nos dejó cambiar aquello que quisiéramos. Yo he cambiado los suelos, las puertas y la cocina. Siempre ha sido mi hogar y lo he tratado como tal", dice.
Discriminación
García tiene 40 años y vive con su marido, de 45, y su hija, de 21. En estos momentos la mujer es la única que trabaja y genera ingresos en el hogar. Cobra unos 1.400 euros sumando su nómina y un subsidio del Ingreso Mínimo Vital. "Con ese dinero ya me dirás dónde nos vamos. Aquí pagábamos 350 euros pero ahora no hay nada por ese precio", advierte. "Y con mis padres no me puedo ir. A ver ellos qué encuentran porque viven en otro de los pisos afectados".
Una situación similar es la de Daniel Garrido. Vive en el edificio de la calle Pedro Porter, cuyo desahucio está programado para el 2 de abril. Él y su marido cobran el salario mínimo. "Hemos mirado pisos por el barrio porque nos queremos quedar aquí. Mi suegra está enferma y la abuela de mi pareja es muy mayor y les asistimos. Lo más barato que hemos encontrado costaba 690 euros al mes", cuenta.
En su caso, denuncia, se da otro condicionante que les está dificultando la búsqueda de un nuevo piso. "Somos dos hombres y cuando decimos que estamos casados hay gente que no quiere saber nada", asegura. A pesar de lo delicado de estas situaciones, los vecinos afectados no piensan rendirse. "Nos queda poco tiempo, pero 24 horas tiene el día y 24 horas vamos a pelear para frenar esta injusticia. No nos vamos a quedar de brazos cruzados", asegura Vero García. La manifestación de este viernes es solo el primer paso para defender su derecho a quedarse en sus viviendas, esas que nunca han dejado de pagar.
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