ZeC exige al Gobierno de España una solución para las familias de Oliver y al ayuntamiento que medie

El grupo municipal de ZeC en el Ayuntamiento de Zaragoza ha exigido al gobierno de España una solución para las 14 familias amenazadas de desahucio por parte de la Sareb en el barrio Oliver y ha solicitado a Zaragoza Vivienda que medie con ese fin.

La portavoz de la formación, Elena Tomás, y el concejal Suso Domínguez han ofrecido una rueda de prensa para anunciar que van a “ejercer todas las posibles acciones” a su alcance y exigir al Ministerio de Vivienda y el de Consumo una solución adecuada a esta situación. Asimismo, han solicitado al gobierno de Zaragoza que, a través de Zaragoza Vivienda, ejerza como mediador para evitar el desalojo de estas familias y negocie con la Sareb la firma de un convenio para la cesión de estas viviendas al Ayuntamiento.

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Esta entidad actualmente dispone en Zaragoza de 251 viviendas, además de 431 suelos y 396 obras en curso entre otros activos. Solo la puesta a disposición de estas viviendas y activos en nuestra ciudad supondría poder cubrir la demanda de alquiler social de emergencia, han recordado desde Zaragoza en Común.

“Nos parece muy grave que desde 2013, en que la Sareb creó un programa de cesión de vivienda social destinado a la Administración Pública, no haya firmado un solo convenio en Zaragoza ni en todo Aragón”, han añadido los representantes.

La situación de las familias de tres bloques del barrio, ubicados en las calles Pedro Porter, Miguel Artigas y Obispo Paterno, responde a uno de esos “desahucios invisibles”. Las familias llevan residiendo muchos años en estas viviendas, en algunos casos más de 10, de donde la Sareb ha manifestado su intención de desahuciar en las próximas semanas. Son familias que cuentan con un contrato de alquiler y que han venido pagando con toda normalidad durante muchos años sin que hubiera existido el más mínimo problema.

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“Es inexplicable e injustificable que la Sareb, una entidad pública en el que el Estado posee la mayoría del capital y que se constituyó con las viviendas provenientes de las entidades financieras, que se rescatarón con más de 50.000 millones de dinero público, se convierta en una mera inmobiliaria, sin respetar en ningún modo los derechos de las personas que allí viven como hemos dicho desde hace muchos años de manera totalmente normal”, ha señalado la portavoz, Elena Tomás.

Para Domínguez, “es una vergüenza que la Sareb, que debería ser el garante de un parque público de vivienda, desahucie a familias de clase trabajadora por un mero interés económico”.

Ambos concejales han querido reiterar el apoyo desde Zaragoza en Común, tanto a las familias como a las movilizaciones que se están convocando desde las asociaciones de inquilinas para denunciar esta situación.