La Sareb paraliza los desahucios de las 14 familias de Oliver, en Zaragoza

La Sareb ha decidido paralizar, al menos momentáneamente, los desahucios de las 14 familias del barrio Oliver de Zaragoza. Tras las protestas protagonizadas por los propios vecinos y la contestación social surgida a raíz de este caso, el conocido como banco malo ha tomado esta decisión para poder ponerse en contacto con los afectados a través de los gestores sociales de esta entidad, participada mayoritariamente por el Estado.

Los desahucios estaban programados para finales de este mes y principios de abril, sin embargo, según confirman fuentes de la propia Sareb, los trámites judiciales para ejecutar los lanzamientos se iniciaron sin haberse puesto en contacto previamente con los afectados, lo que en principio choca con el protocolo interno de la entidad semipública, que dicta que primero debe comprobarse si existen casos de vulnerabilidad entre las personas a las que se va a desahuciar. Los inquilinos se han puesto en manos del abogado Francisco Javier Antoranz para tratar de resolver esta problemática.

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Este caso resulta llamativo debido a que las 14 familias, distribuidas entres bloques de viviendas situados en las calles Pedro Porter, Miguel Artigas y Obispo Paterno, seguían pagando sus alquileres. Los edificios acabaron en manos de la Sareb debido a que el propietario de los pisos no saldó sus deudas con la Administración pública, si bien sus arrendatarios, en principio, se encontraban al corriente de todos los pagos.

Es por esto que sorprendió a los vecinos la notificación que recibieron hace unas cuantas semanas informándoles de que debían dejar sus casas en un plazo de tiempo muy ajustado y sin que la Sareb se hubiera puesto en contacto con ellos previamente, tal y como mandan los protocolos de la propia entidad pública. Pero no ha sido hasta ahora, después de que este caso saltara a los medios de comunicación, cuando el banco malo ha decidido solicitar al juzgado la suspensión de los desahucios previstos.

"Sareb ha tomado esta decisión con el objetivo de analizar la situación socioeconómica de cada familia y conocer así si existen casos de vulnerabilidad entre los vecinos, cuyos contratos de alquiler no han sido reconocidos como válidos por el juzgado", ha informado la entidad en un comunicado hecho público este miércoles.

Reunión con el ayuntamiento

Según han desvelado desde la Sareb, hoy mismo han mantenido una reunión con los responsables del Ayuntamiento de Zaragoza para tratar de garantizar alternativas a las 14 familias afectadas que, en total, sumaban más de una veintena de personas. Ahora, desde la entidad piden colaboración a las familias para que los gestores sociales, que acudirán a las viviendas del Oliver en las próximas semanas, puedan entrevistarse con ellos y poder determinar así si existen casos de vulnerabilidad entre los inquilinos.

En caso de que sea así, Sareb ofrece un programa de alquiler social "que les permite permanecer en la vivienda, solución que la compañía ofrece de forma estructural a todas las familias vulnerables que habitan sus viviendas, tal y como acreditan los más de 9.000 alquiler sociales que gestiona Sareb en toda España", afirman desde la entidad. "La colaboración es imprescindible para avanzar en la regularización de su actual situación. La compañía ha contactado con la concejalía de Vivienda del Ayuntamiento de Zaragoza a la que ha trasladado la disposición de Sareb a dar una solución a los vecinos del barrio Oliver", insisten desde el banco malo.

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Por tanto, en los casos en los que las familias sean vulnerables estas pasarán a formar parte del programa de alquiler social de la Sareb, que supone la firma de un contrato de arrendamiento por un plazo de siete años y cuya renta mensual se limita al 30% de los ingresos familiares.

En el caso de que no se cumplan los supuestos contemplados para beneficiarse del programa de alquiler social, la Sareb ofrecerá a las familias residentes en los pisos afectados por los lanzamientos la posibilidad de comprar los pisos de forma preferente. En estos momentos, el conocido como banco malo está inmerso en un proceso para trasladar sus activos a otra entidad pública que conformará la futura empresa pública de vivienda.