¿Qué es la tutela financiera y qué supone para Zaragoza dejar de estar tutelada?

El Ayuntamiento de Zaragoza ha conseguido reducir su ratio de deuda por debajo del 75% según los cálculos hechos públicos este jueves por el área de Hacienda, lo que supone que el consistorio no dependerá del visto bueno de otras administraciones para poder pedir préstamos a largo plazo, dejando así atrás la tutela financiera a la que estaba sometida la capital aragonesa.

Pero, ¿qué implica salir de esta tutela? Según establecen las leyes en materia de estabilidad presupuestarias aprobadas por el primer Gobierno de Rajoy, aquellos ayuntamientos cuya ratio de endeudamiento superase ese 75% sobre el nivel de los ingresos pueden acudir a operaciones de financiación mediante préstamos bancarios contando con el visto bueno de la Administración a cargo de su tutela (la DGA en el caso del Ayuntamiento de Zaragoza). No obstante, aquellas entidades locales con una ratio superior al 110% no pueden suscribir nuevos préstamos.

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Así, ahora que la capital aragonesa está por debajo de esa ratio del 75% ya no dependerá del ok del Gobierno de Aragón para poder suscribir nuevos préstamos. Por otra parte, al rebajar el consistorio su nivel de endeudamiento, se entiende que las entidades financieras ofrecerán condiciones más ventajosas e intereses más bajos cuando presten dinero.

Ya en los últimos años, el área de Hacienda ha logrado "avances muy notables", según defiende el Gobierno municipal, en su estrategia de reestructuración financiera, con el objetivo de reducir el gasto en intereses que durante mucho tiempo ha lastrado las arcas municipales y la capacidad de inversión de la ciudad. Solo en el presupuesto de 2025, el ahorro en intereses de la deuda asciende a 9,2 millones de euros.

Este ahorro es furto, en buena medida, de las cuatro operaciones de refinanciación firmadas durante el último año y medio para cancelar créditos que fueron contratados antes de la Expo "en condiciones muy gravosas para el ayuntamiento" y sustituidos por otros mucho más favorables. Estos préstamos provocaron sobrecostes por importe de más de 25 millones de euros en las últimas dos décadas, informan desde el área de Hacienda.