El Ayuntamiento de Zaragoza tiene la intención de recurrir la sentencia del TSJA sobre La Torre Outlet

El nuevo varapalo judicial recibido por el Ayuntamiento de Zaragoza y la sociedad Iberebro por la ilegalidad de La Torre Outlet promete seguir coleando durante varios meses, incluso años. Y eso es, precisamente, lo que los diez colectivos (entidades vecinales, de comercio, sindicatos y partidos políticos) quieren evitar, por lo que han pedido directamente a la alcaldesa, Natalia Chueca, que no recurra ante el Tribunal Supremo la nueva sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA), que declara "nula de todo derecho" la modificación aislada del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) que se hizo en 2019 y que permitió convertir los suelos industriales de Pikolín en la carretera de Logroño en terciarios. En cambio, según ha podido saber este diario, la intención del consistorio es recurrir el fallo, aunque la decisión final todavía no está tomada y aún se dilatará unos días.

Nuevo varapalo a la Torre Outlet de Zaragoza: El TSJA reitera que es ilegal

Sin embargo, el equipo de asesores legales del ayuntamiento trabaja en esa dirección. Es decir, en la de intentar ver los argumentos jurídicos que puede elevar el ayuntamiento en un recurso de casación al Alto Tribunal. No será tarea fácil, ya que la sentencia del TSJA fue muy contundente en su resolución del pasado 28 de febrero, la tercera actuación judicial contraria a la legalidad que se le ha pretendido dar a La Torre Outlet con un Plan Especial, primero, y con una modificación aislada del PGOU, después.

Ese ha sido, precisamente, uno de los argumentos esgrimidos por la decena de demandantes, representados por el presidente de la Federación de Asociaciones de Barrios de Zaragoza (FABZ), Arturo Sancho. El representante vecinal también hizo referencia a una cuarta actuación judicial, tras la retirada del recurso de casación ante el Tribunal Supremo que había presentado el consistorio por la anulación del Plan Especial de 2016, que ya es firme. Precisamente, esa es la única vía legal que le queda ahora tanto al ayuntamiento como a Iberebro, empresa inmobiliaria del grupo Pikolín. En este segundo caso, desde la sociedad declinan dar su opinión, por lo que todavía no está confirmado si también recurrirán ante el Supremo.

El futuro del complejo

¿Y el futuro? Lo que los demandantes exigen es que se "ejecute la sentencia", algo que no puede hacerse hasta que no sea firme. Es decir, hasta que se decida si se recurre o no y, si se opta por el primer caso, hasta que el Tribunal Supremo se pronuncie, lo que podría dilatar el procedimiento en el tiempo. En estos momentos, La Torre Outlet da trabajo a unas 700 personas tras su apertura en 2020 y sigue estudiando más ampliaciones, como la de un hipermercado que también precisa de otra modificación aislada del PGOU que ya ha iniciado su procedimiento a petición de Kiros Iberia, filial de Iberebro. Cabe recordar que la familia Soláns vendió el complejo al fondo británico Round Shield, por un importe que no trascendió, en julio del año pasado.

Aunque, eso sí, las entidades que han ganado el litigio en el TSJA han querido dejar claro que a quien le corresponde determinar el futuro del complejo, más en duda que nunca, es al ayuntamiento. Mientras, desde la gerencia de La Torre Outlet mantienen la "expectación" y la "tranquilidad", y aseguran que el futuro del centro comercial no corre peligro. Misma sensación, por cierto, que la trasladada esta tarde por la alcaldesa, Natalia Chueca, que ha asegurado que no habrá consecuencias en el "corto plazo".

"Vamos a respetar, al menos, las normas que nos hemos dado y dejar de saltárnoslas a la torera", ha resumido por su parte Arturo Sancho, quien después ha animado a los vecinos de Vía Hispanidad o a los de Pinares de Venecia, por poner solo dos ejemplos, a recurrir las modificaciones aisladas del PGOU que se vienen realizando en sus zonas. "El Ayuntamiento de Zaragoza está usando esta técnica de forma habitual", ha concluido el presidente de la FABZ, que ha estado acompañado en rueda de prensa por representantes de varios de los demandantes.