Zaragoza Alta Velocidad retrasa la devolución de los préstamos a las administraciones hasta 2035

La sociedad pública Zaragoza Alta Velocidad (ZAV) ya no tendrá que devolver a sus tres socios, Ayuntamiento de Zaragoza, DGA y Gobierno central, los diferentes préstamos participativos que estos le han concedido en los últimos años en 2026, y retrasa sus obligaciones económicas hasta 2035. Así lo han acordado las tres instituciones que componen el accionariado, que está repartido al 25% entre consistorio y Ejecutivo autonómico, con un 50% perteneciente a las diferentes entidades públicas empresariales adscritas al Ministerio de Fomento. En este último caso, Adif suma un 7,5%, Adif-Alta Velocidad un 30% y Renfe un 12,5%.

Esta operación tiene varias aristas y responde a distintos intereses en pro de la salud financiera de una sociedad que, hay que recordarlo, es 100% pública. De esta forma, se han actualizado las condiciones de los préstamos participativos que ZAV había contraído con las tres corporaciones en el año 2016 y que suponían que, antes del 31 de diciembre de 2026, la sociedad tuviese que devolver al ayuntamiento, a la DGA y al Estado la parte correspondiente a los beneficios que obtuviese por la venta de suelos. Un caso claro, pendiente ahora de salir a información pública, son las parcelas del Portillo, un entorno propiedad de ZAV y que van a ser reurbanizados en breve por 34 millones de euros, en una actuación que debería estar terminada en 2026, aunque estos plazos podrían extenderse. Por seguir con este ejemplo, una vez reurbanizados estos terrenos, ZAV podría vender solares como el que está previsto para 220 viviendas de lujo y, con lo que obtuviese, repartir los beneficios a cada accionista. En el caso del Ayuntamiento de Zaragoza y del Gobierno de Aragón, como ya se ha citado, sería un 25%.

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Aunque cabe matizar que se trata solo de una hipótesis, sí que es cierto que refleja el significado de este último acuerdo y del porqué han accedido a él. Es, en definitiva, renunciar a ingresos a corto plazo que todas las partes saben que iba a ser imposible recaudar por la delicada situación económica que atraviesa la sociedad, para darle margen de trabajo que le permita vender sus suelos –esta es su principal y casi única fuente de beneficios– y así cumplir con sus obligaciones.

Pero, a efectos prácticos, ¿qué significa todo este embrollo? En primer lugar, debido a las dificultades financieras que atravesaba ZAV en 2012 y 2013 a raíz del crac de la burbuja inmobiliaria, que venían derivadas de la imposibilidad de vender sus parcelas, la sociedad reestructuró el crédito que había firmado en 2009 por valor de 485 millones de euros. De esta forma, amplió su fecha de vencimiento hasta 2019, suscribiendo un nuevo acuerdo por cerca de 360 millones de euros.

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Pero la situación no mejoró en exceso y, en diciembre de 2016, ZAV suscribió un préstamo participativo con el Ayuntamiento de Zaragoza, la DGA y el Estado para mejorar sus condiciones a la hora de devolver ese crédito. En el caso concreto de Zaragoza, con ZeC en el Gobierno, se modificó el calendario de amortización de la deuda y se rebajó el interés del 5% al 3,5%, ampliando nuevamente la fecha de vencimiento del crédito hasta el 31 de diciembre de 2022.En ese sentido, el compromiso de ZAV con las entidades bancarias siempre ha sido que toda su venta de suelos tenía que ir destinada a amortizar dicha deuda.

De vuelta al consistorio zaragozano, el compromiso pasó a ser prestar a la sociedad, entre 2016 y 2025, cerca de 80 millones de euros, que posteriormente recuperaría, antes de finales de 2026. Y las circunstancias han llevado a que ese período se amplíe nueve años, hasta el 2035, aunque con la posibilidad de devolver ese dinero si ZAV obtiene el líquido suficiente antes de ese año.

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Asimismo, se da la circunstancia de que las instituciones han cumplido. En el caso del ayuntamiento, ha ido aportando cerca de nueve millones al año religiosamente y este 2025 será la última anualidad y dejará de tener que comprometer ese dinero en sus presupuestos municipales. De hecho, esta es una de las razones por las cuales se justificó el préstamo participativo que el Ayuntamiento de Zaragoza ha hecho a la sociedad mixta Nueva Romareda, de 16 millones de euros.

En síntesis, este movimiento viene a significar, por tanto, que por un lado el Ayuntamiento de Zaragoza dejará de tener obligaciones para con ZAV a partir del año que viene, y recuperará esos 80 millones invertidos desde 2016, en lugar de en 2026, en 2035. O antes, si la situación económica de la sociedad mejora.