Una afectada por las expropiaciones de La Torre Outlet de Zaragoza: "Se rieron en nuestra cara y quiero que se sepa"

Corría el año 2016 cuando la oposición del Ayuntamiento de Zaragoza, entonces gobernado por Zaragoza en Común, se unió para aprobar un Plan Especial que permitiese convertir los suelos industriales de las instalaciones de Pikolín en la carretera de Logroño en terrenos de uso terciario. ¿El objetivo? En su idea final, embrollos políticos y empresariales aparte, levantar un centro comercial en unas parcelas donde no estaba permitido por el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Zaragoza. Pero dicho Plan Especial fue declarado ilegal en 2019 y ratificado de nuevo en esa ilegalidad en 2023 por el Tribunal Superior de Justicia de Aragón. Aunque esta decisión, que ha sido recordada esta semana al anular también el TSJA la modificación del PGOU que se hizo en 2019 para legalizar el complejo, ya había supuesto la ejecución de La Torre Outlet y, aparejada a ella, una serie de expropiaciones a algunos propietarios de los terrenos rústicos de la trasera.

Una de ellas fue Jimena (nombre ficticio), que poseía un modesto campo de dos hectáreas en el que se suele cultivar cereal. "Se rieron en nuestra cara y nos trataron muy mal, y quiero que se sepa". Así de contundente se muestra esta vecina zaragozana, cuyas tierras forman parte de la comunidad de regantes Término de Almozara. Con todo, Jimena aclara que su queja no es tanto por el fondo económico ni cualitativo del asunto, sino más bien por las formas empleadas.

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Y es que, en términos métricos, esta expropiación solo afectó al 10% de sus tierras, unos 2.000 metros cuadrados. Las discrepancias, en sus inicios, también fueron económicas. Iberebro, empresa inmobiliaria de los Soláns, ofrecía el doble del valor del metro cuadrado a la propietaria, que rechazó la oferta. No porque no fuera generosa, sino por las operaciones similares que habían firmado en el entorno. "Para hacer el parquin, que si les urgía, llegaron a pagar tres veces más de lo que me ofrecieron a mí", expone Jimena. 

La explicación reside en que, primero, Iberebro firmó un convenio con el Término de Almozara y otros propietarios para poder levantar en estos campos su zona de aparcamiento. Pero las tierras de Jimena eran obligadas para que ese acuerdo fructificase, ya que se debía desviar una acequia que pasaba bajo las instalaciones de Pikolín. Y uno de sus nuevos puntos técnicos debía pasar por la que es la entrada a los campos de Jimena, que recurrió una y otra vez hasta que en 2022, ya con el Plan Especial ilegalizado, el jurado de expropiación resolvió que Iberebro debía pagar a Jimena un precio ligeramente superior al que había ofertado en sus inicios.

No fue la única. Al menos otras dos personas fueron expropiadas, una de ellas con un modesto campo del que se llevaron la mitad de los terrenos como obligación para desviar la acequia, y otra que también perdió más del 50% de sus tierras. Lo que refleja la "injusticia" que denuncia Jimena no es tanto el dinero que finalmente recibió, sino el hecho de que, una vez expropiadas sus tierras, nadie ha acometido ninguna obra. "Si lo hubieran hecho, no tendría por donde entrar al campo. Pero esos 2.000 metros ya no son míos", lamenta.

"Que conste que no estoy ni a favor ni en contra de La Torre Outlet. En otras épocas también me han expropiado hectáreas para hacer la autopista, y lo aceptas. Es más la rabia por la manera de hacer las cosas", termina sentenciando la afectada, que no tiene ninguna esperanza en poder recuperar esas tierras. De hecho, llegó a llevar su caso al Justicia de Aragón, pero este se desentendió al considerar que se trataba de una "disputa entre particulares". Mientras, el Término de Almozara también está estudiando cuestiones jurídicas por el convenio firmado con Iberebro, que venció en 2023, y que podría estar incumpliendo la empresa. 

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