Dudas con el derribo del Jesús y María: Apudepa entiende que debe detenerse y el ayuntamiento asegura que el TSJA no obliga a ello

Las dudas en torno al derribo del antiguo colegio Jesús y María han entrado en un limbo judicial que debe resolverse pronto por varias razones. La orden que permite la demolición no está anulada y, por lo tanto, Wilcox -propietaria de los suelos- puede seguir con los trabajos con la ley en la mano. Al menos, así lo entienden desde el Ayuntamiento de Zaragoza, tras conocer el pasado viernes que el Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) admitía tres informes periciales de Apudepa que destacaban el valor patrimonial y arquitectónico del edificio.

El embrollo está ahora en que los derribos comenzaron a principios de año y ahora tan solo queda en pie el inmueble que da a la calle Hernán Cortés. El colegio-residencia, la capilla y el refugio antiaéreo ya son historia y los trabajos de derribo están ejecutados al 80%.

En el auto del TSJA no se recoge expresamente la paralización de las obras, pero Apudepa, entidad demandante, sí entiende del mismo que debe llevarse a cabo, ya que el tribunal ha resuelto que Wilcox debe autorizar la entrada a los demandantes para poder examinar el estado del Jesús y María, o de lo poco que queda de él. Una vez realice esta visita, tendrá un plazo de 30 días para emitir un informe. Pero el lío no acaba ahí, ya que las partes tienen una semana para presentar un recurso de reposición, si así lo estiman, contra este auto. Y esa es la intención del Ayuntamiento de Zaragoza, que va a defender ante el juez que la orden de derribo es firme y los trabajos están muy avanzados.

La Justicia paraliza las obras de demolición del colegio Jesús y María de Zaragoza

El concejal de Urbanismo, Víctor Serrano, ha asegurado este lunes que no existe ninguna orden jurídica que les permita exigir a Wilcox que se detengan las obras. "Lo que ha admitido el TSJA es una serie de pruebas, pero no tenemos como Administración ningún mandato judicial que nos obligue a emitir una orden de paralización del derribo", ha expresado Serrano.

Así las cosas, la pelota está ahora en el tejado de la propiedad, responsable de la ejecución de los trabajos y que debe decidir si, mientras espera la resolución definitiva, paraliza temporalmente las obras o sigue adelante. Desde el ayuntamiento matizan que, para detener las demoliciones, el TSJA tendría que haber mandatado el aseguramiento de la prueba, lo cual no se refleja en la sentencia judicial.

Precedentes

En ese sentido, Serrano ha recordado que la licencia de derribo es "firme" y que no fue recurrida el pasado otoño, cuando se aprobó. Del mismo modo, el concejal popular ha añadido que ninguna asociación, con especial vista en Apudepa, recurrió tampoco la no catalogación del antiguo colegio, que fue exigida en su día al Gobierno de Aragón y al ayuntamiento.

De hecho, Apudepa ya solicitó medidas cautelares al TSJA para paralizar el derribo antes de que comenzase, el pasado mes de enero, y le fueron denegadas, según ha explicado Serrano, que ha llamado por tanto a la calma y a esperar a que se desarrollen los acontecimientos. Mientras, desde el Gobierno de Aragón aseguran no tener "competencia alguna" sobre el Jesús y María en este sentido.

Por último, el edil ha reivindicado que, desde el abandono del Jesús y María hace 29 años, "nadie lo ha incluido como un bien protegido". "Políticamente, es importante resaltar que no lo han hecho ni el ayuntamiento ni el Gobierno de Aragón, y han pasado grupos de todos los colores políticos y un sinfín de funcionarios y técnicos", ha señalado, antes de concluir reiterando que la decisión final del consistorio irá en la línea del "asesoramiento" y las "recomendaciones" de la asesoría jurídica.

Convenio con el ayuntamiento

El ayuntamiento y Wilcox firmaron un convenio por el cual la promotora podrá construir 160 viviendas libres en estos céntricos suelos, situados entre Goya y Hernán Cortés. Dos vías que quedarán conectadas por una nueva calle peatonal que también ejecutará Wilcox, como se acordó en el convenio. Además, la propiedad cederá un solar al consistorio para que construya un equipamiento público y otros dos solares en la ciudad para poder construir pisos de alquiler asequible para jóvenes. El acuerdo incluye también el pago de 3,5 millones de la empresa a las arcas municipales.