ZeC denuncia el "derroche de dinero público" que supone mantener la oficina antiokupación: 600 € la hora y 400 atenciones en cuatro años

El grupo municipal de ZeC en el Ayuntamiento de Zaragoza ha denunciado “el derroche de dinero público” y “la inutilidad del convenio antiokupación” que puso en marcha el gobierno del PP en 2021. Los datos de las memorias reflejan que el coste para los vecinos de la ciudad de esta asistencia jurídica se eleva a 600 euros la hora -que paga el consistorio-, que la mitad de las consultas duran menos de media hora y que de las 404 atenciones en cuatro años, sólo en 8 de ellas se ha realizado un análisis de documentación.

La formación ha tenido acceso a las memorias del convenio de asistencia jurídica a particulares y comunidades de propietarios afectados por la okupación ilegal de inmuebles, que el Ayuntamiento de Zaragoza viene renovando desde el año 2021 y que este ejercicio también ha incluido en su presupuesto una cuantía anual. Ni las memorias, ni los distintos convenios están colgados en la página web tal y como exige la normativa de transparencia. Zaragoza en Común ha recibido la información tras la solicitud al Gobierno para tener acceso a estas memorias.

En la documentación remitida se recoge que en estos cuatro años se han atendido 404 consultas: 191 en 2021; 73 en el año 2022; 54 en el año 2023 y 86 en el año 2024.

La asesoría 'antiokupación' de Zaragoza atendió el año pasado 86 consultas

“Estas cifras desmienten las afirmaciones alarmistas del concejal de Urbanismo, Víctor Serrano, que considera este un problema creciente”, ha afirmado el concejal de Zaragoza en Común, Suso Domínguez. El edil ha recordado que la okupación ilegal afecta al 0,06% del parque de vivienda de todo el país. Y que, en concreto en Zaragoza, en pleno apogeo de campañas sobre okupación, las consultas apenas superaron el medio centenar en 2023. Ese año, la hora de este servicio costó 1.050 euros al ayuntamiento.

Además, la formación ha señalado que de las 404 consultas recibidas en estos cuatro años, casi un 37% han sido atenciones de menos de 15 minutos (149 de ellas). Más del 50% de las atenciones (207) han sido de menos de 30 minutos. Más del 80% de las atenciones han durado escasamente media hora. La mayoría de ellas se han hecho por teléfono, un poco más de un 15% por correo electrónico y ninguna presencial.

Datos de la oficina antiokupación

Desde el año 2021 hasta la actualidad, años en los que se ha mantenido el convenio con el colegio de abogados por un montante de 25.000 euros anuales, se han atendido consultas durante un total de 10.935 minutos: 182 horas en 4 años.

Esto supone que estas consultas, que además no son presenciales, estarían costando a todos los vecinos de Zaragoza 9,14 euros el minuto, casi 600 euros la hora, según la media de todo el servicio. La formación ha recordado que un abogado en una consulta presencial en Zaragoza cuesta unos 50 o 60 euros la hora.

¿Cuántos pisos okupados hay a la venta en Zaragoza?

“Es demencial que estemos gastando casi 600 euros la hora en consultas sobre un problema de mínima incidencia como la okupación y hayan eliminado otros recursos de vivienda como la Oficina de mediación hipotecaria y de alquiler o el Servicio especializado en materia de Vivienda con la Unión de Consumidores de Aragón en una situación de crisis habitacional como la que estamos viviendo”, ha señalado Domínguez.

Además, ha recordado que cada vez que un edificio es declarado en ruina en la ciudad, las familias tienen que buscar su propio alojamiento, sin una alternativa habitacional por parte del ayuntamiento más allá del albergue, como ocurrió en San Pablo o recientemente en la plaza de la Magdalena. Zaragoza en Común ha pedido no renovar este convenio que “se ha demostrado un gasto inútil”. 

La respuesta del PP

Por su parte, desde el Gobierno municipal del PP han respondido a ZeC asegurando que la asesoría jurídica gratuita frente a la okupación Ilegal de vivienda "es un excelente convenio que da servicio a los ciudadanos, muchos de ellos en situación de indefensión y vulnerabilidad frente a una situación delictiva que merma su calidad de vida y su patrimonio, además de degradar la convivencia en los barrios de Zaragoza". "Este servicio de asesoría es, además, prestado por excelentes profesionales con amplia experiencia como son los colegiados del Real Ilustre Colegio de Abogados de Zaragoza (REICAZ)".