El derribo de la comisaría de Mayandía comienza sin que exista una fecha prevista para su reconstrucción

Las máquinas ya están en marcha. La antigua comisaría de la Policía Nacional de la calle General Mayandía en Zaragoza afronta hoy "un día histórico" con el comienzo de las obras para su derribo, después de meses de preparación en las que los trabajos han tenido que sortear algún que otro obstáculo, lo que ha provocado un retraso de poco más de un mes con respecto al cronograma inicialmente marcado. El presupuesto global de la demolición son 2.680.000 euros, una cuantía que incluye también las labores de reforma de la zona del edificio que no se va a demoler.

Así, a pesar de los retrasos de las últimas semanas, la fecha del fin de las demoliciones no se ha retrasado y sigue previsto que el 10 de septiembre concluyan estas labores, justo un año después desde su puesta en marcha. Sin embargo, lo que no está claro todavía es cuándo comenzará la reconstrucción del recinto. Ni siquiera cuánto costará levantar la nueva comisaría, puesto que el proyecto se encuentra todavía en fase previa de redacción. "Estimar unos plazos en estos momentos sería equivocarme", ha dicho el delegado del Gobierno de España en Aragón, Fernando Beltrán.

Los coches de la Policía Nacional ya aparcan en el paseo María Agustín por las obras en Mayandía

La demolición que ha comenzado hoy lunes forma parte de los trabajos de la fase 1 de construcción de la nueva comisaría. Estas tareas se iniciaron el pasado 10 de septiembre, cuando se vació el edificio y se preparó para su derribo, retirando el mobiliario y trasladando a las unidades y brigadas policiales que operaban dentro de Mayandía. Desde entonces, también se ha reformado y equipado el interior de la zona del inmueble que se va a conservar, que es la que da a la calle General Mayandía.

Esta parte que no se va a derribar está ya amueblándose y pronto estará operativa tras una inversión de 800.000 euros, una cuantía que forma parte del presupuesto global de esta fase 1, esos 2.680.000 euros. Dentro del edificio, que suma unos 600 metros cuadrados, se han habilitado 42 puestos de trabajo que ya pueden ser ocupados, si bien debido a las molestias que causará el derribo de los inmuebles colindantes, desde la Jefatura Superior de Policía van a fomentar el teletrabajo y el cambio de horarios para que los agentes no tengan que convivir con las obras.

Comienza el derribo de la comisaría de Mayandía

Ver galería

Las fases del derribo

Por su parte, las dos alas del edificio que sí que van a ser víctimas de la piqueta suman en total más de 13.100 metros cuadrados. El derribo ha comenzado por la fachada que da a la calle Tomás Crespo Agüero, donde se situaban las antiguas viviendas para los agentes. Los trabajos en esta zona se prolongarán desde hoy hasta el próximo 30 de mayo, cuando ya no tendrá que quedar nada de la estructura, de cuatro plantas de altura. En total se generarán 20.000 toneladas de escombros.

Después se iniciará la demolición de la parte de la comisaría que da a la avenida Anselmo Clavé para llegar al 10 de septiembre con la demolición terminada. Pero, ¿y después qué? Ni el jefe superior de la Policía en Aragón, Florentino Marín, ni el delegado del Gobierno, Fernando Beltrán, ni el director de obra de la empresa pública propietaria del inmueble, Jesús Vences, han aportado luz sobre lo que vendrá pese a la insistencia de las preguntas de los periodistas.

Una conexión peatonal entre Delicias y el centro de Zaragoza: así será el gran parque del Portillo

Según han explicado y repetido los tres, la construcción de la futura comisaría está todavía en fase de anteproyecto. Las distintas unidades y brigadas que ocuparán el inmueble de Mayandía una vez se haya levantado de nuevo están ahora trasladando sus necesidades para diseñar, conforme a esos requisitos, esta nueva sede de la Policía Nacional en Zaragoza. Cuando el anteproyecto esté definido y se comience con la redacción del proyecto de obras definitivo será cuándo se puedan aportar plazos y presupuestos. Pero hasta entonces nada, por lo que va a existir un lapso de tiempo indeterminado entre el momento en el que las máquinas salgan del solar de mayandía el próximo mes de septiembre y la fecha en la que vuelvan.

Todo es a día de hoy una incógnita, al igual que el futuro de la actual sede de la Jefatura Superior de Policía, situada en el paseo María Agustín, justo delante de la sede del Gobierno de Aragón. "De momento no hay previsión de que el edificio vaya a desaparecer", respondió Florentino Marín sobre la posibilidad de demolerlo una vez esté terminada la obra en Mayandía. Esta alternativa se ha puesto en más de una ocasión encima de la mesa para liberar de espacio la zona delantera del Pignatelli y resaltar así su valor monumental. Lo que sí que se sabe ya es que la oficina del DNI del paseo Teruel se mudará a la nueva comisaría cuando esta esté acabada.

Retrasos y amianto

Desde que comenzaran las labores preparatorias el pasado mes de septiembre para el derribo de la comisaría de Mayandía han ocurrido una serie de imprevistos que han trastocado los planes iniciales, aunque no van a suponer un retraso de la fecha de fin de los trabajos. En un principio, estaba pensado que la piqueta comenzase a demoler el edificio el pasado mes de febrero. Así se comunicó a los vecinos y a los medios de comunicación, pero los trámites para la desconexión de la red eléctrica y la retirada de las líneas de luz han tardado más de lo esperado.

Interior "verificará" si la retirada de amianto de la comisaría de Mayandía cumple con el protocolo de seguridad

Asimismo, los responsables de la obra también han tenido que lidiar con el amianto, un material peligroso y que debe manipularse con respecto a unos protocolos rigurosos. Sin embargo, los sindicatos policiales denunciaron las malas prácticas de uno de los operarios que estaban retirando escombros con amianto. Inspección laboral investigó el asunto y se constató que no se había seguido la normativa en materia de prevención de riesgos. Eso sí, se realizó un análisis de partículas de amianto en el ambiente y se determinó que no se habían originado riesgos para la salud de los trabajadores.