El edificio de Las Estrellas: Cronología de una maraña judicial que sigue en el limbo

Las consecuencias del dañado edificio de Las Estrellas no son solo estructurales. Los vecinos comenzaron un largo recorrido judicial en 2008, cuando aparecieron las primeras grietas, que todavía no ha culminado, pese a existir una sentencia firme que, por distintas circunstancias, aún no se ha ejecutado. Uno de los abogados de parte de los propietarios, Santiago Palazón, recuerda en este diario los principales hitos jurídicos de un caso al que llegó por casualidad un año antes: "Un viejo cliente vino, porque su hijo era uno de los propietarios. Así empezó todo".

2008, año del inicio

Los vecinos presentaron en 2008 una reclamación de responsabilidad patrimonial al Ayuntamiento de Zaragoza, que otorgó la licencia de construcción en el año 2000 pese a tener catalogada la dolina desde 1986. "Por silencio administrativo, el caso acabó en el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 4, y lo llevó la magistrada Concepción Gimeno", recuerda Palazón.

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Ruina inminente... y nuevo recurso

Mientras la demanda estaba en estudio, las grietas siguieron acrecentándose. Tanto, que una de ellas llevó al ayuntamiento a declarar en ruina la escalera 5, la más afectada. "Recurrimos el desalojo y el derribo y nos dieron la razón. Lo llamativo es que los arquitectos construyeron cuatro juntas de dilatación y no dos. Fue una de las precauciones que se tomaron", incide el letrado.

Primera sentencia favorable

Unos meses después de evitar el derribo de parte del bloque, llegó la sentencia del Contencioso-Administrativo. Era diciembre de 2013 y el juzgado elevó una sentencia "parcialmente estimatoria, pero sustancialmente condenatoria". En ella, el ayuntamiento, la constructora Ángel Pallás (que edificó el inmueble), los arquitectos y los seguros fueron condenados a indemnizar a los propietarios con 3.000 euros por vivienda por daños morales y con el valor de sus pisos a precio de mercado. Además, Gimeno estimó que el suelo seguiría perteneciendo a los propietarios, por lo que habría que restar su valor a la suma final a recibir. Tanto el consistorio como la constructora recurrieron al TSJA.

El TSJA decide y modifica ligeramente

Ya no fue hasta 2017 cuando el Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) dictó sentencia, modificando ligeramente la anterior, aunque seguía siendo condenatoria. En ella, además, se establecía la responsabilidad solidaria para asumir las indemnizaciones. El ayuntamiento debía pagar el 20% y la constructora el 80%. La decisión provocó un recurso de casación al Tribunal Supremo, que lo inadmitió, haciendo firme la condena.

EN IMÁGENES | Así está el edificio Las Estrellas de Zaragoza 25 años después de su construcción

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El Constitucional y la providencia

La constructora Pallás no se dio por vencida y presentó un recurso de amparo ante el Constitucional. Mientras este decidía, pese a que la sentencia ya era firme, la magistrada Gimeno prefirió esperar por prudencia. Tiempo después, y tras ser requeridos a ello, la constructora reconoció que esta apelación también se había inadmitido. Fue entonces cuando Gimeno dictó una providencia que daba inicio a la ejecución de la sentencia.

¿Por qué no se ha ejecutado?

Se da la circunstancia de que, con la sentencia en proceso de ejecución, la jueza Gimeno fue nombrada Justicia de Aragón. Además, la constructora Ángel Pallás recurrió en mayo de 2023 la ejecución al TSJA, que resolvió en octubre de ese mismo año, aunque Pallás volvió a elevar un recurso de casación al Supremo, que todavía debe pronunciarse. Así, los demandantes están a la espera de que sea el Alto Tribunal quien tome una nueva determinación para que la ejecución pueda reactivarse. Una fase que corresponderá, de nuevo, a la sala número 4 del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo, ahora dirigida por Patricia Carmen Sierra. 

Tranquilidad "relativa"

La tranquilidad, dice Palazón, es "relativa", ya que la indemnización deberá asumirse de forma solidaria y el ayuntamiento es una parte solvente. En cambio, la pelota está en el tejado del tribunal zaragozano. Las cuantías finales que deberán repartirse entre los vecinos rondarán los 30 millones de euros.