El Supremo desatasca la indemnización de 30 millones a los vecinos del edificio de Las Estrellas

La situación judicial del agrietado y todavía habitado edificio de la avenida Las Estrellas de Valdefierro ha sumado en los últimos días un nuevo capítulo que sigue completando una larga serie que comenzó hace ya 17 años y que, tras recursos de ida y vuelta entre las distintas instancias judiciales, comienza a asomarse a su final. En ese sentido, el Tribunal Supremo (TS) ha inadmitido a trámite el último recurso de la constructora, la mercantil Ángel Pallás SL, que denunciaba un error en la forma por la cual el Juzgado de lo Contencioso–Administrativo número 4 de Zaragoza había dictado el comienzo de la ejecución de la sentencia, que establece que los vecinos deberán recibir 30 millones de euros en total.

Esta providencia, acordada por la sección de admisión de la Sala de lo Contencioso–Administrativo del TS, supone en la práctica que, sin entrar a valorar el fondo del recurso, este no cumple el "interés casacional" necesario para la formación de jurisprudencia. O, lo que dicho en términos más simples, no está suficientemente justificado para que el Supremo valore los argumentos esgrimidos por Pallás. ¿Qué significa todo esto? 

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En primer lugar, tras años de sentencias y recursos, en 2017 el Supremo también inadmitió un recurso de casación de la constructora contra la sentencia dictada por el juzgado zaragozano que entonces dirigía Concepción Gimeno, actual Justicia de Aragón. Dicha sentencia fue modificada posteriormente por el Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA), que estableció que las indemnizaciones deberían ser asumidas de forma solidaria entre el Ayuntamiento de Zaragoza, al 20%, y la constructora Ángel Pallás, al 80%. 

La foto que dejaba ese momento, y que el Alto Tribunal convirtió en firme cuando inadmitió la última apelación de Pallás en 2017, reflejaba que los propietarios del bloque 1-3 de Las Estrellas, construido sobre una dolina y en el que aún viven, entre grietas, 100 familias, deberían recibir una indemnización de 3.000 euros por vivienda por daños morales, así como el valor de sus pisos. A esta cifra habría que restarle, eso sí, las diferencias de valor de mercado de los mismos, así como el del solar, que seguirá siendo propiedad de los vecinos.

La ejecución de la sentencia

Entonces, ¿por qué no se ha ejecutado todavía la sentencia? La razón principal reside en que Pallás, tras la decisión del Supremo en 2017, elevó un recurso de amparo al Tribunal Constitucional, que también fue inadmitido. Sin embargo, la jueza Gimeno, por prudencia, decidió esperar a que el Constitucional se pronunciase para comenzar con la ejecución de la sentencia, pese a que ya era firme. Así las cosas, en febrero de 2022 Gimeno, como magistrada titular de la Sala de lo Contencioso-Administrativo número 4 de Zaragoza, dictó una providencia que, de facto, suponía el inicio de la fase de ejecución.

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Ante esto, la constructora no se dio por vencida y, de nuevo, interpuso un recurso de apelación ante el TSJA. Esta vez, no contra la sentencia, que ya es firme, sino contra el procedimiento empleado por el juzgado zaragozano para su ejecución. El TSJA confirmó el auto en octubre de 2023, dejando fijadas las pautas para ejecutar la sentencia. Y, ahora, el Supremo ha inadmitido el último recurso de casación.

Esto supondrá que, en los próximos meses (probablemente antes de que acabe el año), el comienzo de la ejecución de la sentencia regrese al Contencioso–Administrativo número 4 de Zaragoza, que ahora dirige la magistrada Patricia Carmen Sierra, previo paso por el TSJA, instancia intermedia. A la constructora solo le queda una última vía judicial, la del amparo al Constitucional.

Así las cosas, está por ver los próximos pasos a seguir, pero toda esta maraña ha abierto de nuevo la puerta a que los vecinos puedan recibir lo que les corresponde y, además, se decida qué hacer con el edificio. Mientras, seguirán viviendo en sus casas, donde llevan más de 20 años rodeados de grietas, crujidos e incertidumbre. 

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