Los VTC de Zaragoza acumulan 47 sanciones de más de 3.000 euros desde la entrada en vigor de la nueva normativa

El próximo lunes se cumplirá un mes de la entrada en vigor de la última disposición normativa del Gobierno de Aragón para el sector de los VTC en la comunidad, la cual endurecía las sanciones a los conductores que circulasen sin licencia urbana e incluso permitía a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad inmovilizar el vehículo y llamar a la grúa municipal. Una situación que se deja notar especialmente en Zaragoza, donde el problema lleva años coleando, con continuas denuncias desde el sector del taxi tradicional, que siempre ha alegado la competencia desleal que ejercen plataformas como Uber, Cabify o, la última en llegar, Bolt.

En ese sentido, lejos de ser un elemento disuasorio, las sanciones han mantenido el mismo ritmo que en los últimos años y la Policía Local de la capital aragonesa ha multado a 47 conductores de VTC, con cantidades que oscilan entre los 3.000 y los 4.000 euros. Por comparar, durante el pasado 2024 se sancionó a unos 600, misma proyección que la del último mes.

Aunque, pese a las elevadas cantidades económicas, la Local no ha tenido que llamar a la grúa para llevarse a ninguno de los vehículos interceptados. El motivo es que los VTC han encontrado un resquicio para no llegar a ese extremo, pero este ha repercutido de la misma forma en sus clientes. Y es que, cuando los agentes paraban a los conductores que estaban prestando un servicio sin licencia, estos terminaban ahí su carrera y, por tanto, dejaban al cliente 'tirado'. Su coche, además, queda registrado y ya no pueden circular con él sin la preceptiva licencia.

Las plataformas, por su parte, siguen estudiando la orden dispuesta por la consejería de Fomento dirigida por Octavio López. Cabe recordar que tienen un mes para interponer un recurso de apelación, por lo que el plazo acaba a principios de la próxima semana. Fuentes de Bolt, la última empresa de VTC en aterrizar en la ciudad, explican a este diario que están pendientes de una reunión con la DGA y que, en su caso particular, al carecer de flota propia, si hay recurso tendría que elevarlo algún socio que haya podido verse afectado.

Una polémica que viene de lejos

La polémica en torno a la supuesta competencia desleal denunciada por los taxistas viene de varios años atrás. Cabify fue la primera en llegar, en 2020; Uber hizo lo propio en octubre de 2023, y el aterrizaje de Bolt, adelantado por este diario, el pasado mes de marzo fue la gota que colmó la paciencia del sector. Esta última circunstancia provocó el anuncio de paros parciales durante varios días y de una gran manifestación para el 27 de marzo.

Sin embargo, las protestas fueron canceladas debido a los respectivos acuerdos a los que el sector del taxi tradicional llegó tanto con la DGA como con el Ayuntamiento de Zaragoza, los cuales se hicieron efectivos con la orden emitida en el BOA el pasado 28 de marzo, la cual atendía una de las principales demandas de los taxistas: la inmovilización de los VTC en el momento en el que se comprobase que circulaban sin el preceptivo permiso.

El Gobierno de Aragón endurece la normativa contra las VTC y los taxistas de Zaragoza desconvocan la manifestación

La normativa actual responde a dos leyes, una autonómica, de 1998, y otra estatal, de 1987. Esta disposición normativa de la DGA suponía en la práctica que se cambiase el término "precintar", que no tiene apenas aplicación legal, por "inmovilizar", dando así la potestad de llamar a la grúa que todavía no se ha puesto en marcha. En cualquier caso, desde el Ejecutivo autonómico se sigue trabajando en una Ley VTC que regule definitivamente el sector.

En cuanto a las licencias, Zaragoza se rige ahora mismo por la regla 1/30. Esto es, un permiso urbano para VTC por cada 30 taxis. Teniendo en cuenta que hay 1.770 taxistas en la ciudad, el tope para las plataformas es de 59 conductores, límite alcanzado hace tiempo y que también incluye a otro tipo de servicios como las limusinas. De hecho, las últimas que concedió la DGA datan de 2019 y en respuesta a una orden judicial. Este es el motivo por el cual ni Uber ni Bolt cuentan con flota propia y contratan a terceros, normalmente empresas que cuentan con varias licencias.

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