Paralizada la licitación de los centros de tiempo libre y ludotecas de Zaragoza

El TACPA atiende el recurso de UGT y ordena suspender el procedimiento administrativo

La alcaldesa Natalia Chueca, en una visita reciente a la ludoteca y centro de tiempo libre El Óvalo (Delicias).

La alcaldesa Natalia Chueca, en una visita reciente a la ludoteca y centro de tiempo libre El Óvalo (Delicias). / Ayuntamiento de Zaragoza

El Periódico de Aragón

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Zaragoza

El Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Aragón (TACPA) ha ordenado la suspensión del procedimiento de licitación para la adjudicación del servicio municipal de centros de tiempo libre y ludotecas del Ayuntamiento de Zaragoza, así como la paralización correspondiente al plazo concedido para la presentación de ofertas. Así lo aseguró este miércoles el sindicato UGT en un comunicado, ya que responde al recurso presentado por ellos contra un concurso público y unos pliegos que, según detalló, «tiene tres elementos esenciales que si no se corrigen va a conllevar a que las empresas modifiquen las condiciones laborales de los trabajadores del sector».

«El Ayuntamiento de Zaragoza ha hecho caso omiso a las quejas recibidas por la licitación tras su publicación», añadió UGT, que además celebró que «finalmente ha visto cómo el TACPA se ve obligado a paralizar los pliegos ante la negativa del consistorio de retirarlos».

«Las ludotecas ven reducida su jornada laboral en media hora de intervención diaria, y esa media el ayuntamiento pretende que se abran los centros los sábados por la mañana», denunciaron de nuevo. Las consecuencias para los trabajadores, subrayaron, son «nefastas», ya que «pasarán de tener dos días de descanso semanal a tener un único día por el mismos salario, además de un claro perjuicio en los menores que van a ver reducidas las horas de atención socioeducativa especializada», señaló este miércoles Angélica Mazo, secretaria del Sector Servicios Sociales de UGT Servicios Públicos.

A su juicio, «se incumple el convenio colectivo autonómico de forma manifiestamente clara» al «inventarse» el ayuntamiento una «nueva clasificación profesional que nada tiene que ver con la que recoge el convenio, pasando de exigirse formación universitaria de Educación Social a únicamente pedir como requisito formativo tener Bachillerato. «El Ayuntamiento no ha comprendido aún que en estos centros se realizan intervenciones socioeducativas específicas con menores. No son centros de juegos», añadió.

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