Los vecinos de Vía Hispanidad no descartan recurrir a los tribunales la 'operación skate park'

"Cuando se apruebe definitivamente en pleno, se abrirá el plazo para recurrir al contencioso-administrativo. Y si es necesario, lo haremos". Así ha cerrado Pablo Ricardo Asín, presidente de la asociación vecinal Pirulí por un Urbanismo Justo, su intervención de este martes, en una rueda de prensa que suponía la puesta de largo de la entidad recién nacida en respuesta a la 'operación skate park'. Con ella, el Ayuntamiento de Zaragoza pretende ingresar unos 50 millones de euros a través de la venta de suelos que ocupan ahora en Vía Hispanidad la pista de skate y el campo de fútbol municipal García Traid, hogar desde hace años del Hernán Cortés.

Esta macrooperación urbanística provocó el rechazo vecinal desde el inicio y se acrecentó cuando se dio a conocer el expediente, en el que se contempla la posibilidad de levantar una torre de 22 plantas junto al 'pirulí' de Telefónica. En ese sentido, el pasado 30 de enero se aprobó inicialmente la modificación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) que permitía desarrollar la recalificación de los terrenos para su posterior venta, contra la que los vecinos han interpuesto "unas 2.000 alegaciones", aunque el consistorio las cifró en 1.800. Un número que, en cualquier caso, es el más alto de la historia.

Los vecinos de Vía Hispanidad siguen su ofensiva contra la Operación Skate Park pese a la reunión con Urbanismo

La obligación del área de Urbanismo es dar respuesta a todas ellas de forma individual. Después, previsiblemente, el proceso continuará con los cambios que se consideren hasta llegar al pleno de nuevo para su aprobación definitiva. Y es en ese punto donde la asociación no descarta acudir a los tribunales. Una acción que sumaría un nuevo capítulo a un proceso que comenzó con asambleas vecinales y que incluyó una protesta con medio millar de vecinos el pasado 19 de enero, que posteriormente se trasladó al ayuntamiento durante el debate sobre la recalificación de los suelos.

Las alegaciones han sido tanto a nivel de asociación como a nivel individual, pero todas con la misma base surgida de un grupo de trabajo creado ad hoc. "Luego, cada uno ha añadido lo que consideraba oportuno", ha matizado Asín. Por ejemplo, los skaters han presentado dos alegaciones grupales, a través de los clubs Zaragoza Skateboarding y RSBS, y otras 70 individuales.

Las alegaciones

Entre los motivos genéricos a todas ellas se encuentra, en primer lugar, la "destrucción de equipamientos existentes sin dotar de otros equivalentes, ni en el mismo ámbito ni en otros". El campo de fútbol se trasladará a Arcosur, "a 50 minutos andando" para un lugar que "debería dar servicio a 6.500 niños y adolescentes que residen cerca". Mientras, el skate park se desplaza a un suelo que, según denuncian los usuarios, "ni siquiera los servicios técnicos municipales consideran adecuado", sobre todo por estar construido en pendiente y sobre la red de tuberías. Además, reinciden en que esta pista es la única de la ciudad que cumple los requisitos federativos, en un deporte "que ya es olímpico".

La plaza de La Romareda será catalogada como zona verde para poder construir hasta 470 pisos en el 'skate park'

Otro punto de disputa son las dotaciones actuales del barrio, ya de por sí "insuficientes". "Tenemos una densidad de 110 habitantes por hectárea, cuando la ley permite 75 como máximo", recuerda Asín, que señala a un nuevo incremento con las 470 viviendas que se pretenden construir y un mayor déficit de zonas verdes. Asimismo, como efectos colaterales, los vecinos afirman que los "1.500 habitantes" que llegarán a la zona generarán nuevos problemas para aparcar y saturarán el centro de salud, que actualmente atiende a más de 17.400 pacientes cuando le corresponden 14.400, y que ahora pasará a 18.962, según calcula la entidad vecinal.

Por otro lado, desde el entorno del 'pirulí' también emplean argumentos puramente jurídicos, ya que aseveran que esta modificación del PGOU "incumple la legalidad". El principal motivo, dicen, es que los 50 millones que se pretenden ingresar servirán para financiar la nueva Romareda, posibilidad que se mencionaba en el informe del consistorio. "Es un objetivo ajeno a las necesidades urbanísticas", ha expresado Asín, para después concluir: "¿De qué sirven las leyes si la administración puede interpretarlas como quiere?".