El Supremo pone fin al debate del canon del Parque de Atracciones de Zaragoza: la empresa tendrá que pagar

El Tribunal Supremo ha puesto fin esta semana al litigio abierto entre el Ayuntamiento de Zaragoza y los gestores del Parque de Atracciones por el cálculo del canon pagado entre los años 2016 y 2019. El Alto Tribunal ha inadmitido a trámite el recurso presentado por la concesionaria del recinto y que intentaba tumbar las cuentas hechas por el consistorio hace cuatro años, cuando modificó la forma de calcular el canon variable que debe pagar anualmente el parque al considerar que no se estaba haciendo de la manera adecuada.

Todo se remonta a noviembre de 2021, cuando el Gobierno municipal aprobó reclamar al Parque de Atracciones 423.762,47 euros en concepto de canon variable que, según los responsables municipales, los gestores de este recinto de ocio tendrían que haber abonado desde 2016. Desde ese año, la empresa adjudicataria que explota las instalaciones solo había abonado 16.119,94 euros atendiendo al sistema de cálculo del canon que estaba establecido, si bien, el consistorio afirmó entonces que, tras una revisión del contrato de la concesión, la cuenta se venía haciendo mal, por lo que la cuantía adeudada es mayor.

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Los gestores del recinto, la familia Morte, recurrieron el acuerdo municipal, pero el consistorio lo inadmitió, por lo que el asunto acabó en el juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 3 de Zaragoza. Tras examinar toda la documentación aportada, el magistrado concluyó que, si bien es cierto que el canon variable que había pagado la empresa entre 2016 y 2019 se había calculado en función a unos criterios no válidos, tampoco lo eran los criterios que utilizó en 2021 el Ayuntamiento de Zaragoza.

Así, en una sentencia fechada en junio de 2023, el juzgado estimó parcialmente el recurso interpuesto por el Parque de Atracciones, pero no libró a los gestores de tener que pagar. El magistrado revisó el sistema de cálculo del canon variable, que debe ser el 15% de los ingresos por las entradas vendidas, y concluyó que entre los años 2016y 2019 la empresa adjudicataria de la concesión debería haber abonado por este concepto 233.456,09 euros, una cantidad a la que debe restarse lo ya pagado: 16.119,94 euros. Por tanto, la cuantía adeudada quedó fijada en 217.336,15 euros.

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No obstante, en el fallo, el magistrado, aunque se mostró favorable a los intereses municipales, también alertó de que «se ha producido por parte del Ayuntamiento de Zaragoza una clara falta de supervisión en todo lo concerniente al seguimiento de la concesión» hasta que en 2019 el interventor, en un informe sobre el control de las concesiones administrativas, alertó de esta situación. El fallo del juzgado fue recurrido de nuevo por el Parque de Atracciones, si bien la sección primera de la sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) lo desestimó, dando como buenos los cálculos elaborados por el magistrado en la primera sentencia dictada sobre el asunto. Por tanto, los gestores del recinto seguían debiendo esos 217.336 euros.

De nuevo, el Parque de Atracciones presentó otro recurso, por lo que el debate llegó hasta el Tribunal Supremo, que ni siquiera se ha llegado a pronunciar sobre el asunto porque ha inadmitido a trámite la documentación presentada por los gestores del recinto. Por tanto, los dueños del Parque de Atracciones, unas instalaciones que pronto podrán cambiar de manos puesto que se va a licitar su explotación, deben más de 217.000 euros al consistorio según un fallo judicial que, además, abriría la puerta a reclamar las cantidades de los años 2020 a 2024 según el sistema de cálculo fijado por el juez.