El equipo de Chueca acusa al Gobierno de España de no atender a 40 personas con derecho a protección internacional

La concejala de Políticas Sociales del Ayuntamiento de Zaragoza, Marian Orós, ha denunciado que 40 personas migrantes con derecho al programa de protección internacional de los que se debería responsabilizar el Gobierno de España se encuentran en la ciudad en el albergue y su entorno para pedir ayuda y cobijo por la "incapacidad" y "dejación de funciones" el ejecutivo central.

Orós, en rueda de prensa este miércoles, ha explicado que pidió a la Casa de las Culturas y al Albergue municipal la realización de un seguimiento de los migrantes que pudieran estar en la calle y buscando su recurso asistencial teniendo derecho al programa de protección internacional.

En concreto, ha indicado que sólo en el Albergue y su entorno hay 45 personas, de las que 23 están pendientes de protección internacional, 25 con ella en trámite y 7 la tienen denegada, aunque dos de ellos han recurrido.

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De estas personas, 30 proceden de Mali, 11 de Senegal, 2 de Gambia una de Somalia y otra de Costa de Marfil, ha relatado la consejera municipal, quien ha incidido en que "por derecho" 40 de ellos tendrían que estar en programas de protección internacional.

Orós ha denunciado que esta situación es consecuencia del "descontrol y colapso migratorio" del Ejecutivo central, que entiende la gestión de las situaciones de las personas más vulnerables de forma "chapucera".

Plan de choque

La concejala ha apuntado que el Ayuntamiento de Zaragoza, para paliar esta situación, trabaja en un plan de choque en coordinación con las entidades que gestionan el sinhogarismo, que se presentará el 4 de junio, si bien ha advertido de que irá acompañado de un presupuesto que remitirá a la Delegación de Gobierno para que lo traslade al Ejecutivo central.

Orós ha indicado que en marzo se pasó de un goteo constante a un día en el que medio centenar de malienses se presentaron en la Casa de las Culturas para pedir ayuda, a algunos de los cuales se les había acabado los tres meses de estancia y a otros se les había comunicado que en breves iban a abandonar el hotel, por lo que el consistorio solicitó una reunión a la Delegación del Gobierno para que informara de la situación y la revertiera.

Fueron los propios malienses, ha dicho, los que dijeron al consistorio que desde el ministerio se les había ofrecido salir del programa de acogida para ir a trabajar al sur de España con contrato.

Orós ha criticado que debería haber sido el delegado del Gobierno, Fernando Beltrán, quien informara y ha denunciado que el Ejecutivo central está "arrojando a la calle" a personas que si se previniera la situación, y se les da oportunidad, "pueden perfectamente incorporarse a la sociedad y tener un proyecto de vida". 

La respuesta del Gobierno de España

Por su parte, desde la Delegación del Gobierno de España en Aragón han respondido a la concejala Orós recordando que el pasado 9 de abril se celebró una reunión entre ambas administraciones para "resolver las dudas del ayuntamiento sobre la atención a personas migrantes". "Desde entonces, y hasta hoy con las declaraciones de la concejala de Políticas Sociales en el día en que visita Zaragoza la ministra Elma Saiz, el ayuntamiento no ha vuelto a contactar con Delegación a través de los cauces que se acordaron en aquella reunión, por lo que parece que el encuentro fue más una cuestión de agitación política que de preocupación social", critican.

"Desde la Delegación una vez más se recuerda que las políticas de Servicios Sociales son competencia de la Comunidad Autónoma, y de forma derivada de las comarcas y ayuntamientos. El Gobierno de España ha establecido los mecanismos necesarios para la primera atención de emergencia de las personas derivadas desde Canarias, a las que posteriormente se les busca un itinerario para su mejor inserción social y laboral. La protección internacional es una situación legal que, una vez superadas las primeras fases de acogida, no supone una obligación por parte del Estado para la atención a estas personas en caso de necesidad, ya que esa competencia en servicios sociales es de las comunidades autónomas, y para ello cuentan con las pertinentes transferencias del Estado", han manifestado desde la Delegación del Gobierno.