Dos hijos, un trabajo indefinido y un desahucio programado en Zaragoza: "No tengo más opciones"

Tener un trabajo ya no es sinónimo de poder asegurarse el derecho a una vivienda. Que se lo pregunten a Samanta Aragonés González, una vecina de la calle Mayoral de Zaragoza que el próximo lunes recibirá en su casa, donde vive de alquiler, a una comisión judicial para ejecutar su desahucio. Esta auxiliar de enfermería tiene dos hijos, de 7 y 8 años, y cuenta que sufrió violencia de género. A pesar de todos estos condicionantes, su caso no ha sido reconocido por la Justicia como vulnerable, por lo que la próxima semana, si nada lo impide, se quedará sin hogar.

«No me han dado más opciones. En Zaragoza Vivienda me dicen que hay lista de espera y que no quedan pisos libres. Y en la DGA han tramitado mi caso por la vía lenta al no considerarme vulnerable, así que tampoco me ofrecen alternativas a corto plazo», lamenta la mujer, que tiene 28 años.

Hasta llegar al próximo lunes, cuando previsiblemente se ejecutará su desahucio, Samanta ha pasado pasado por varias fases. «Siempre he tenido trabajos temporales y llegó un momento en el que no pude hacer frente al pago de mi alquiler. Fui a la asistenta social y me pagaron un par de meses, pero ya está. Entonces la propiedad del piso me demandó por impago y todo ya fue para delante», cuenta.

Eso a pesar de que en febrero Samanta consiguió un trabajo indefinido que le permitiría poder hacer frente al pago del alquiler «siempre que me lo rebajaran un poco». «Quiero pagar, ahora puedo. Les pedí, eso sí, si podían rebajarme el alquiler y pagar unos 350 euros en vez de 450. Cobro unos 1.100 euros y tengo que pagar además, como es lógico, la luz el agua y todas las cosas del colegio de mis dos hijos. No me da para más. Pero quiero pagar, ahora tengo trabajo», insiste. Sin embargo, ante su petición la respuesta fue que como el proceso de lanzamiento ya se había iniciado no se iba a paralizar. «Ya estoy vaciando mi casa. He llevado los muebles y mis cosas a la casa de mi abuela, pero ahí no tenemos espacio para vivir nosotros. Si nos echan me iré a casa de una amiga, pero solo puedo estar ahí un tiempo, claro», explica.

Con su nómina no puede acceder a ninguna otra vivienda disponible del mercado. «Ya no solo por el dinero que piden, sino por los requisitos y las condiciones. Es inviable», defiende.

En su lucha no está sola. En este tiempo le ha asistido el Sindicato de Inquilinas, que el lunes también estará presente a las puertas de su casa para intentar paralizar el desahucio. «Samanta cumple con los requisitos de vulnerabilidad previstos en el Real Decreto 1/2025 que impediría desahuciarla. Pero parece que la interpretación de la Justicia ha sido otra. Si no nos organizamos, cuando nadie mira el sistema lo aprovecha y sigue. Solo mediante la unión y la lucha sindical podremos hacer frente a estas decisiones», exclaman desde el sindicato.

Según explica Samanta, o según le han explicado a ella, el problema está en que el informe del IASS no le ha considerado como mujer vulnerable a pesar de tener dos hijos menores y contar con bajos ingresos. Al parecer, le dicen que no se entregó toda la documentación que así lo acredita. ¿La consecuencia? Que ella y sus pequeños tendrán que marchar de la que ha sido su casa durante los últimos 5 años.

Desde el Sindicato de Inquilinas piden aumentar la presión social e invitan a manifestarse, el próximo lunes, a las puertas de la casa de Samanta, en la calle Mayoral, número 15. «No tengo más opciones, no sé qué vamos a hacer», lamenta la mujer, que sigue intentando convencer a la propiedad de que le deje quedarse como inquilina. «Ahora sí puedo pagar», insiste por última vez.