Los trabajadores de Correos piden una reunión con los partidos políticos por el plan de reubicación de los servicios del edificio de Correos

Los sindicatos de Correos, CCOO, Sindicato Libre, CGT, CSIF y UGT, han solicitado a los partidos políticos en Aragón una reunión urgente para trasladarles los problemas generados a la plantilla por el plan de reubicación de los servicios del edificio de Correos "El Portillo".

Han criticado que el plan de reubicación del personal, tras el derribo de las instalaciones, "perjudica" la calidad del servicio público, "empeora" las condiciones laborales de la plantilla y "compromete" los compromisos medioambientales asumidos.

La reunión, que ha sido solicitada a todos los partidos políticos con presencia en las Cortes de Aragón, se produce ante el inminente derribo de las instalaciones de Correos en Zaragoza ubicadas junto a la antigua estación de El Portillo, tras las propuestas planteadas por la dirección de la entidad para la reubicación de 140 trabajadores en distintos centros.

Para las organizaciones sindicales algunas de dichas ubicaciones ya se encuentran saturadas. Además, han afirmado que esta medida implica el traslado forzoso del personal.

Peticiones

La medida, han alertado, "perjudicará gravemente" a la plantilla y al servicio, "ya que aumentarán los desplazamientos diarios entre el nuevo centro y el área de reparto, lo que implicará más tiempo de trabajo, mayor consumo de combustible y desgaste de vehículos".

Además, "afectará negativamente la salud, seguridad y conciliación personal de los empleados". Para los sindicatos, la justificación de dicha reubicación se basa en una memoria que "no contempla de forma adecuada" el coste económico que supone este cambio, al "obviar" el incremento de los desplazamientos, los tiempos de trabajo derivados de los mismos y el del gasto en combustible y desgaste de los vehículos.

Entre sus principales demandas, destacan: garantizar la proximidad del servicio público, mediante la búsqueda de locales adecuados dentro del entorno urbano, paralizar el plan de dispersión de la plantilla y adoptar soluciones coherentes con los compromisos medioambientales y sociales del Gobierno.

Ante esta situación las organizaciones sindicales reclaman una intervención "urgente" a los grupos parlamentarios para frenar un plan que consideran "perjudicial" tanto para la ciudadanía, como para los trabajadores.