Más de 80 personas han sido víctimas de explotación laboral este 2025 en Aragón: "Esto es sólo la punta del iceberg"
El perfil más común: mujer menor de 35 años procedente de América, en una situación irregular y que trabaja en el sector doméstico y de cuidados

Antonio Ranera y Pura Huerta, de UGT, presentado su informe de víctimas de explotación laboral en Aragón / Martín Vital
El sindicato UGT Aragón ha presentado hoy un informe que analiza la explotación laboral en la comunidad, un estudio que refleja que hasta 85 personas han sido identificadas como víctimas de estos abusos en el trabajo. Esto representa 37 más que el año pasado, casi el doble, apunta Antonio Ranera, de UGT, a lo que añade un porcentaje "preocupante" a nivel estatal: un aumento del 300 por ciento de víctimas identificadas entre el 2019 y el 2023 que sigue creciendo año a año.
Centrándose de nuevo en la comunidad aragonesa, el informe atribuido por el sindicato muestra de fases de aumento marcadas. Zaragoza ciudad ha pasado de recibir 13 denuncias por maltrato laboral en 2018 a 62 en el año 2022. Esta cifra acabó cayendo el siguiente curso a 40 para revivir un repunte hasta el día de hoy, siendo notificadas 48 denuncias en 2024 y 85 a estas alturas de año.
Se han analizado las características demográficas de todas estas víctimas en la capital aragonesa y Ranera ha construido un perfil claro: mujer, migrante, de origen americano, en una situación irregular y que trabaja como cuidadora o empleada doméstica. Los datos en los que se basan son los siguientes:
- Tres de cada cuatro víctimas (75%) son mujeres.
- La mayoría son de raíces o provenientes de América.
- El 45% son menores de 35 años.
- El 80% se encuentran en una situación irregular, es decir, no tienen permiso de residencia en España.
- Siete de cada diez han sido detectadas dentro del sector doméstico o de cuidados (destacan también la hostelería, el transporte de mercancías y el personal de reformas en vivienda).
Ranera afirma que la mayoría de estos casos salen de "boca-oído", o sea, familiares o amigos de la víctima que se enteran de esta situación y le animan a denunciar, o incluso por testimonios propagados a través de internet.
La mayoría de personas que ejercen de explotadoras son de nacionalidad española
El listado de abusos que han sufrido estas víctimas es "extenso", y Ranera apunta a varios. "Ausencia de contrato o incumplimiento del mismo y de su convenio, horarios irregulares, ausencia o escasa normativa de prevención de riesgos e higiene y salario menor al correspondido o retraso en los pagos", enumera el de UGT.
También afirma que el 80 por ciento de estos trabajadores llevaban más de dos años en España bajo estas condiciones, pero que por "el miedo y el desconocimiento" de la existencia de estos "espacios de apoyo" no se han animado a denunciar hasta ahora. "Este es un fenómeno opaco e invisible que estas personas no se animan a afrontar por estos motivos", comenta Ranera. El informe refleja que estas circunstancias pueden provocar trastornos de ansiedad, depresión y una aguda percepción propia de estar indefensos y desvalimiento en su trabajo.
¿Cuánta gente estará en esta situación en Aragón? No lo sabemos con exactitud, pero esto es sólo la punta del iceberg
El sindical también ha querido remarcar que aunque este estudio esté limitado a la ciudad de Zaragoza, "si se abriera el abanico a las zonas rurales, los casos aumentarían considerablemente", dejando en supuesto que se encontrarían más víctimas de abuso laboral "en los sectores de la agricultura y de la ganadería".
Desde UGT Aragón creen que esta situación viene dada por "ciertas carencias" y un "fracaso político" de las instituciones. El estudio dice textualmente "la legislación de extranjería no prevé medidas de protección provisional para aquellas víctimas que denuncian ante Inspección de Trabajo, ni siquiera cuando estas víctimas reciben una contestación favorable de dicha Inspección".
Por ello, el sindicato aragonés propone "reforzar esta lucha" con la creación de una mesa de coordinación frente a la explotación laboral, para entre otras cosas analizar los sectores que más trabajo forzoso ejerzan, aumentar los recursos de acompañamiento a las víctimas o diseñar un plan de formación para los actores implicados.
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