Azcón e Ibercaja cierran la macrooperación urbanística de Arcosur: 130 millones y 3.300 viviendas públicas "reservadas" para la DGA

El Gobierno de Aragón y el Ayuntamiento de Zaragoza acaban de cerrar la mayor operación urbanística en la comunidad desde el impulso del Actur en el último tercio del siglo pasado. Esta vez, el destino estará al sur de la ciudad, en el emergente Arcosur, tal y como viene adelantando EL PERIÓDICO DE ARAGÓN desde el pasado mes de mayo. Ambas administraciones van a firmar el lunes un convenio de colaboración con Ibercaja, el mayor tenedor privado de suelos en la zona, y la junta de compensación. ¿El objetivo? Desbloquear el futuro del barrio, en el que aún hay sitio para más de 18.000 viviendas, en su mayoría de protección oficial.

El coste estimado para esta operación, tal y como recoge el protocolo, es de 130 millones de euros, que irán destinados a completar la escena urbana del barrio. Es decir, posibilitar la urbanización (aceras, alumbrado, zonas verdes...) de todas las parcelas, con una especial mirada a las que están contempladas para albergar miles de viviendas. En ese sentido, ahora mismo la parte residencial del barrio está urbanizada por debajo del 50%, y dentro de ese 50%, hay construidas o en proceso 4.613, con 3.362 VPO.

La junta de compensación, que es quien financia y ejecuta las obras, va a desarrollar en los próximos meses las zonas restantes en la fase 2. Una vez esta esté completada, Arcosur ya tendrá suelos para unos 10.000 pisos, y aún quedará por llevar a trámite la fase 3, que ni siquiera está definida sobre el papel, y donde caben viviendas que completan las 22.815 que caben en el distrito, con capacidad para 70.000 habitantes.

Así las cosas, el objetivo primero de este convenio es agilizar todas las "limitaciones administrativas" de esa fase 3, para poder ejecutar "toda la obra urbanizadora en un plazo no superior a seis años". Es decir, que en 2031 Arcosur ya sea un barrio completo (calles, viales de conexión, avenidas, parques...), a falta de que los propietarios construyan los bloques de viviendas y las administraciones lo doten de los equipamientos públicos pendientes. Y es aquí donde entra la parte más importante de este convenio a cuatro bandas, en la ingente cantidad de suelos que se habilitarán para construir viviendas.

Suelos reservados

La operación surgió a principios de este año. Arcosur tiene la mayor bolsa de suelos residenciales de toda la comunidad y el Gobierno de Aragón necesita terrenos para seguir impulsando su plan de viviendas públicas. El mayor tenedor, Ibercaja, también está muy interesado en desprenderse de unos activos que tiene desde hace dos décadas, cuando puso el germen del propio barrio en 2002 en medio de los preparativos para la Expo, en un acuerdo con el ayuntamiento del popular José Atarés. El ayuntamiento que gobierna Natalia Chueca, por su parte, tiene el sueño de alcanzar los 800.000 habitantes, y solo caben en Arcosur. En resumen, todos ganan.

La idea del Ejecutivo de Jorge Azcón, eso sí, era haber cerrado este acuerdo antes del pasado verano. La fórmula que se planteó inicialmente era la de comprar directamente a Ibercaja sus suelos y desarrollar ahí cientos de viviendas públicas, pero no tenía encaje legal. En septiembre, en cambio, se retomaron las conversaciones, y se optó por una nueva fórmula que sí tuviese encaje y que, ahora sí, fue confirmada por el presidente Azcón en el último debate sobre el estado de la comunidad.

La DGA va a comprar, por tanto, suelos en Arcosur. En principio, para 1.000 viviendas, como explicó Azcón en las Cortes, pero la idea es que esa cifra sea mayor, como así informó este diario y como así confirma el protocolo que se va a firmar el próximo lunes, que ya contempla de manera "inmediata" no menos de 2.000. El Ejecutivo sacará licitaciones para adquirirlos por lotes y todos los propietarios podrán presentar sus parcelas, aunque estas deben estar en solares "susceptibles de edificación directa". Esto es, en partes urbanizadas del barrio, de ahí la necesidad de agilizar esa fase 3, hasta ahora limitada por una cláusula que establecía que no se podía desarrollar hasta que se hubiesen construido dos tercios de los pisos de las fases 1 y 2.

Esta situación explica que Azcón se limitase a mencionar la compra de suelos para 1.000 viviendas, pero el protocolo deja abierta la posibilidad a que sean muchas más. Concretamente, un mínimo de 3.300. De hecho, el convenio obliga al ayuntamiento a reservar durante tres años suelos donde quepan un mínimo de 800 viviendas, a fin de que los pueda comprar la DGA. Ibercaja se compromete a reservar, en este caso durante dos años, terrenos para un mínimo de 1.000 viviendas, y la junta también tendrá guardados para la DGA solares para otros 1.500 pisos.

De esta forma, el Gobierno autonómico no comprará directamente a Ibercaja sus suelos, pero sí se asegura una preferencia por adquirirlos en los próximos años. No en vano, el banco sigue siendo el mayor tenedor privado, con casi 3.000 viviendas disponibles, y eso que se ha ido desprendiendo de varias pastillas en los últimos años. El ayuntamiento posee otras 3.000, aproximadamente, y la junta de compensación 2.000.

El objetivo ahora, por tanto, es rubricar el acuerdo. La previsión es hacerlo el próximo lunes, 20 de octubre, por la mañana, en un acto al que asistirán el presidente Azcón, la alcaldesa Chueca, los ejecutivos de Ibercaja y el presidente de la junta, Juan Sáez. A partir de entonces, se pondrá en marcha la maquinaria en las dos direcciones: por un lado, la DGA comprará terrenos para mil viviendas públicas en los próximos meses; por otro, se faseará la urbanización de la fase 3, que costará los 130 millones citados, y se establecerá un calendario para construirla en los próximos 5 años.