Un banco contra 19 manifestantes de Zaragoza: se acerca el juicio en el que piden tres años de cárcel por protestar ante una sucursal bancaria

En apenas una semana, 19 activistas de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) de Zaragoza tendrán que sentarse en el banquillo para afrontar un juicio en el que la acusación, CaixaBank, a la que se ha unido la Fiscalía, ha pedido hasta tres años de prisión a cada uno en los casos más graves por un presunto "delito continuado de coacciones" y otro de "desórdenes públicos". Los miembros de esta entidad se enfrentan además a la posibilidad de tener que pagar una multa que suma en su conjunto más de 45.000 euros. ¿El delito? Realizar toda una serie de manifestaciones a las puertas de una sucursal de esta entidad que, según denuncia la entidad bancaria, "perturbaron a los empleados en su legítimo derecho al trabajo", según consta en el escrito de acusación. Este sábado tendrá lugar una concentración en la plaza de La Magdalena en repulsa a este proceso penal y a la posible condena.

Por su parte, desde la PAH niegan la mayor y aseguran que afrontan el juicio tranquilos porque les basta, afirman, "con decir la verdad". "Ejercimos nuestro legítimo derecho a manifestarnos. Actuamos como hemos actuado siempre para intentar frenar un desahucio y es la única manera que tenemos de luchar de una forma pacífica. Así lo hemos hecho siempre y así nos funcionó en el caso de una vecina de Zaragoza que iba a ser desahuciada a pesar de ser víctima de violencia de género", comentan desde la plataforma. Por su parte, desde CaixaBank han declinado hacer declaraciones a este diario.

Los hechos se remontan a los años 2022 y 2023, cuando la PAH inició una de sus habituales campañas cuando se ordena un desahucio. En ese caso, el afectado era Mariano, un vecino de Zaragoza que vivía en la calle San Jorge y que acabó siendo expulsado de su hogar en mayo de 2023. En los meses previos, la plataforma comenzó a manifestarse a las puertas de la sucursal de CaixaBank que hay en la esquina de la calle Don Jaime I con el Coso.

Pero esas manifestaciones no fueron protestas sin más para la entidad bancaria puesto que, según defienden, son "hechos punibles" que van a juzgarse por la vía de lo penal. Según consta en el escrito de acusación, los activistas de la PAH, a lo largo de varios meses, estuvieron "llevando a cabo, de forma continuada, coordinada y premeditada actuaciones de hostigamiento e intimidación frente a los empleados de la oficina de CaixaBank sita en la calle Coso [...] con la finalidad de impedir el funcionamiento normal del centro de trabajo".

"Gritar consignas con un megáfono"

Las personas ahora encausadas, 19 en total, "se manifestaron en la puerta de la referida sucursal durante varios días a la semana", algo que no niegan desde la plataforma, puesto que ellos mismos publicitaban esas protestas en sus redes sociales. Desde la PAH recuerdan que el derecho a la manifestación no está limitado por el número de días que uno puede protestar.

La cuestión, defiende CaixaBank, es que los activistas "no se limitaron a manifestarse de forma pacífica, sino que se dedicaron a insultar a los trabajadores de la entidad y a gritar consignas a través de un megáfono y un altavoz que colocaban de forma intencionada hacia el interior de la sucursal". No obstante, en el escrito de acusación no consta que en ninguna de las concentraciones hubiera heridos o se produjeran daños materiales más allá de algún que otro documento que se tiró al suelo.

Ante tales acusaciones, insisten desde la PAH, se muestran tranquilos pues opinan que no han hecho sino ejercer el derecho a manifestarse y creen que las peticiones de cárcel carecen de sustento legal lo que no quita para que, en ciertos momentos, estas 19 personas se pongan en el peor de los escenarios. "Somos 19 personas y somos estudiantes, trabajadores, padres y madres de familia, personas que están en proceso de regularizar su situación en España. Cuando te enfrentas a una pena de cárcel tu vida se paraliza porque no sabes si vas a poder culminar en el corto plazo tu proyecto de vida", lamenta uno de los portavoces de la plataforma.

En los hechos descritos en el escrito de acusación se pone énfasis en la protesta ocurrida el día 20 de abril de 2023, pocas semanas antes del desahucio de Mariano. Entonces, los ahora encausados "irrumpieron con fuerza en el interior de la sucursal afectada" y los investigados se dedicaron a gritar "al unísono" y a tirar "octavillas a la cara a empleados y clientes", motivo por el que llamaron a la Policía Nacional, que acudió hasta el banco y acabó desalojando a los activistas sin que se produjeran detenidos.

"Muchos de los días que protestábamos la Policía Nacional estaba vigilando la manifestación. Si hubiéramos estado haciendo algo ilegal, entiendo que nos lo hubieran impedido", argumentan ahora los activistas. Por parte del banco, sin embargo, explican que ante tales hechos tuvieron que tomar "medidas drásticas tales como poner un agente de seguridad en la puerta" o exigir cita previa a los clientes de la entidad para evitar que se les colaran activistas de la PAH.

"Quieren meternos miedo"

Y por estos hechos solicitan para 13 de los encausados dos años y medio de prisión "por un delito continuado de coacciones" y otros cinco meses por otro presunto delito de desórdenes públicos. Para otros seis activistas piden exclusivamente los cinco meses de prisión por desórdenes públicos.

Ante esta situación, en la que los 19 activistas llevan ya dos años embarcados, la PAH ha iniciado una colecta de fondos para poder hacer frente a los costes de su defensa. Llevan ya más de 2.500 euros recaudados. Este sábado, además, esperan congregar el apoyo de la sociedad civil zaragozana en una concentración que tendrá lugar a las 19.00 horas en la plaza de La Magdalena. "Saben que los hechos por los que nos acusan no se sostienen, pero lo que quieren es meter miedo a la gente para que la PAH deje de existir. Si nosotros existimos, ellos pierden dinero, porque en más de una ocasión hemos forzado a los bancos a tener que conceder alquileres sociales a gente a la que querían desahuciar", zanjan.