Cuatro torres de once plantas y "criterios políticos poco proclives": la intrahistoria de la negociación entre Instalaza y el Ayuntamiento de Zaragoza

Fue a principios de este año cuando trascendió que el Ayuntamiento de Zaragoza y la empresa armamentística Instalaza estaban negociando para trasladar que la factoría saliera del Casco Histórico de la ciudad a cambio de una recalificación de terrenos que les permitiera sufragar la mudanza. Sin embargo, el contacto entre las partes se produjo mucho antes y entre las distintas conversaciones ha ido evolucionando la propuesta de cada una de las partes para cerrar un acuerdo que este miércoles ha celebrado el concejal de Urbanismo, Víctor Serrano, aunque ha reconocido que no han sido pocas las diferencias con la otra parte, unas diferencias que, por otro lado, no ha querido airear.

Fue en 2010, con Juan Alberto Belloch como alcalde y Carlos Pérez Anadón al frente del área de Urbanismo se puso encima de la mesa una primera propuesta de convenio en la que Instalaza planteaba sus condiciones para salir de la ciudad y hacer caja con los suelos de la calle Monreal con el objetivo de sufragar una mudanza al extrarradio de la urbe, con las ventajas que ello conlleva para los barrios y el entramado de las ciudades.

En aquella ocasión, el Gobierno del PSOE cerró con la factoría aumentar el número de viviendas que se podían construir hasta las 160. Y es que el Plan General de Ordenación Urbana ya contempla que este solar, que "tolera" el uso industrial hasta el fin de la actividad fabril, puede albergar hasta 90 viviendas, una cifra insuficiente para que Instalaza pueda sufragar su salida de la ciudad, justifican.

"Criterios políticos"

De ahí sus intentos por firmar un convenio con el Ayuntamiento de Zaragoza. La propuesta de 2010, rechazada por los vecinos, acabó decayendo. Y no fue hasta 2021, con el PP de nuevo al frente de la Alcaldía tras 16 años, cuando la empresa armamentística volvió a llamar a la puerta del concejal de Urbanismo, que en este caso era ya Víctor Serrano. Según consta en un informe al que ha tenido acceso este diario, fue entonces y no antes cuando se volvió a la carga por dos cuestiones: por la reactivación del mercado inmobiliario tras los años de la crisis y la pandemia y porque, hasta entonces, "los criterios políticos" de los dirigentes municipales "no" habían sido "muy proclives al incremento (de la edificabilidad) que le interesaba a la empresa.

En 2021 Instalaza pidió poder aumentar la cifra de viviendas que caben en el solar hasta las 170. Se comprometía entonces a ceder el 50% del suelo al ayuntamiento (finalmente ha cedido más de un 57%) y a terminar la mudanza en un plazo de 48 horas. Las prisas de Instalaza entonces venían impuestas por unos planes de previsión de aumento de las ventas que no iban a poder satisfacerse si la mudanza al polvorín de Cadrete no se hacía realidad cuanto antes.

Esta propuesta no tuvo respuesta en forma de expediente por parte del ayuntamiento y la empresa volvió a intentarlo en abril de 2024, cuando envió una nueva propuesta de convenio. De nuevo eran 170 viviendas las que pedía poder construir Instalaza y propuso incluso distribuirlas en cuatro torres de hasta once plantas, una propuesta que no gustó en el consistorio puesto que chocaba la realidad de ese entorno de la ciudad.

Lo que sí consiguió entonces la empresa, con Natalia Chueca ya al frente del ayuntamiento, fue que el consistorio les hiciera caso. Ahí comenzaron unas negociaciones entre las partes en las que las propuestas se enviaban corregidas a mano con las contrapropuestas de la otra parte. En marzo de este año se llegó a celebrar una reunión entre la alcaldesa y el consejero delegado de la empresa con el objetivo de cerrar el acuerdo en el primer trimestre del año, pero los flecos que quedaban por cerrar lo imposibilitaron. Desde entonces los contactos han sido continuos y será ahora, en la última reunión del consejo de Gerencia, cuando se aprobará el convenio entre las partes que finalmente contempla: 155 viviendas (31 públicas), 900 metros cuadrados de equipamientos para el ayuntamiento y casi un millon de euros en efectivo para las arcas municipales.

Críticas de ZeC

Las cifras hechas públicas este jueves del convenio han encontrado una respuesta en Zaragoza en Común, quien ha calificado de "pelotazo" la operación, ya que supone elevar de 90 a 155 el número de viviendas que se construirán para aumentar los ingresos de una empresa privada.

Asimismo, el concejal de esta formación Suso Domínguez ha indicado que esta actuación, además, contribuirá aún más al proceso de gentrificación de la zona, colindante al grupo de viviendas Aloy Salas que "ya se está produciendo y en el que el ayuntamiento es un colaborador necesario como estamos viendo".

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