Zaragoza trata de dar salida legal al embrollo jurídico de La Torre Outlet

El embrollo jurídico en el que se encuentra inmersa La Torre Outlet de Zaragoza, con varias sentencias contrarias a la legalidad de los planes impulsados para reconvertir los antiguos suelos de Pikolín en este centro comercial, en la carretera de Logroño, sigue dando que hablar. Esta vez, es nuevamente Zaragoza en Común, junto a otras entidades, quien denuncia que el Gobierno municipal del PP quiere modificar el PGOU para "evitar los efectos de la sentencia que anuló la modificación". "El Servicio Jurídico municipal plasma en su informe que se puede entender como un obstáculo para incumplir las sentencias judiciales", añaden desde la formación.

El planteamiento de este martes, en el que será el último pleno municipal del año, consiste en modificar las determinaciones del PGOU sobre la regulación de los usos y la edificación de las zonas H (industriales) en la modificación aislada 163 del plan general aprobada en 2022. Esta modificación también propone que se dé carácter general a la admisión de ciertos usos comerciales, complementarios de los que hasta ahora contempla el plan general en la zona H2 del suelo urbano no consolidado, semejantes a los que se han implantado en Puerto Venecia y la antigua factoría de Pikolín.

En ese sentido, en la última comisión de Urbanismo, el concejal del ramo, Víctor Serrano, explicó que "se está intentando, con el máximo rigor jurídico, amparar la situación posterior a la sentencia del TSJA". Por ello, subrayó que el expediente iba "reforzado por los informes y la asesoría jurídica municipal", llamando a la "prudencia". Además, Serrano recalcó que esta modificación del PGOU podría aplicarse a otras zonas de la ciudad para "intentar que no se cometan errores del pasado"

Ya entonces, el edil de ZeC, Suso Domínguez, mostró sus reticencias a una polémica que viene arrastrándose desde hace años. El PSOE se abstuvo, aunque dejó la puerta abierta a votar a favor la aprobación definitiva (este martes es la inicial) y Vox apoyó el expediente, además del voto favorable lógico del PP.

Más críticas

En cualquier caso, desde ZeC también denuncian que esta modificación "ahonda en los problemas que dieron lugar al recurso contra la recalificación". Sobre todo, dicen, "los graves perjuicios al comercio local, beneficiando a un modelo de grandes centros comerciales en una ciudad con la mayor cifra de centros comerciales por metro cuadrado del país". "Esta situación ha derivado en el cierre de más de 3000 comercios locales en los barrios de Zaragoza", añaden.

Asimismo, las entidades recurrentes en ocasiones anteriores recuerdan que "ya son cuatro las sentencias que dan la razón a las entidades vecinales, ecologistas, comerciantes, sindicales y políticas" y advierten de que ahora se busca "eludir el control judicial, desvirtuar la cosa juzgada y crear inseguridad jurídica".

Arturo Sancho, el presidente de la FABZ y portavoz de las entidades recurrentes denuncia que " lo que realmente se hace, adelantándose a lo que diga el Tribunal Supremo en las sentencias recurridas por este ayuntamiento, es ampliar los usos en todas las Zonas H, incluyendo el Grupo 5 (hipermercados y supermercados), con la limitación de que los ámbitos de actuaciones tienen que ser mayores a 50.000 m² y tener una adecuada accesibilidad, lo que afectaría a los terrenos de Pikolín”.