Los vecinos de Zamoray-Pignatelli temen no poder afrontar las reparaciones de sus pisos en los tres meses que pide Urbanismo: "Estoy asustada"

Fue en abril, después de varios sustos, desalojos y derribos, cuando el Ayuntamiento de Zaragoza inició un plan extraordinario de inspecciones de edificios en el entorno de Zamoray-Pignatelli. Según los últimos datos disponibles, los técnicos de Urbanismo ya han girado visitas a más de la mitad de los inmuebles de este barrio, uno de los más degradados del Casco Histórico de la capital aragonesa y en octubre llegaron a las comunidades de vecinos los primeros requerimientos. En estas cartas, los inspectores advierten a las comunidades de que disponen de tres meses para ejecutar las reparaciones pertinentes, pero la realidad es tozuda: muchos vecinos no disponen de capacidad económica para hacer frente a las obras y otros tantos reciben las cartas con temor y desconocimiento sobre el proceder administrativo.

Desde la asociación vecinal Calles Dignas llevan semanas advirtiendo de que el plan de inspecciones de edificios en Zamoray-Pignatelli no servirá de nada si no viene acompañado por un plan de ayudas que, recuerdan, el concejal de Urbanismo, Víctor Serrano, se comprometió a estudiar hace ya ocho meses. Pero las ayudas no han llegado, los inspectores han comenzado a realizar su labor y los requerimientos han comenzado a llegar. Por cada visita de los técnicos municipales, por cierto, las comunidades tienen que pagar una tasa de 128,40 euros y otros 200 por recibir la orden de ejecución.

Por su parte, el Gobierno municipal del PP insiste en que los propietarios, como tales, deben ser los responsables de la conservación de los edificios y que tener una vivienda en propiedad acarrea una serie de obligaciones. «A partir de ahí se atenderá la casuística social del barrio», afirman fuentes de Urbanismo, que insisten por otra parte que en los últimos años se han incrementado las ayudas para la rehabilitación de edificios que gestiona Zaragoza Vivienda.

Sin embargo, según indican desde Calles Dignas y tal y como se puede comprobar en la página web de Zaragoza Vivienda, en la actualidad solo existen dos líneas de ayudas a la rehabilitación: las dirigidas a la mejora de la eficiencia energética de los edificios y las de accesibilidad. «En la mayoría de los casos no nos podemos acoger a ninguna de las dos líneas. En materia de eficiencia energética no podemos realizar cubrimientos de fachadas ni instalación de placas porque se trata de edificios protegidos cuya estética se debe conservar. Y con respecto a la accesibilidad, hay comunidades en las que es literalmente imposible instalar un ascensor, por ejemplo», explica la presidenta de esta asociación de vecinos, Yolanda Galindo.

Pero es que además no son ascensores ni placas solares lo que más urgentemente necesitan algunos edificios, que no todos, ya que desde esta asociación también critican que los inspectores se están pasando de estrictos y consideran que se tendrían que centrar en la comprobación del estado de la estructura de los inmuebles y no en cuestiones más estéticas. «Si te pones a revisar, cualquier edificio, pero no solo de esta zona, tiene siempre algo que mejorar. Pero no podemos afrontarlo todo a la vez», explican.

Un plazo de tres meses

Un ejemplo es el requerimiento que les ha llegado a la propiedad de una finca situada en la calle Cerezo. «En el plazo de tres meses», dice la carta, deben proceder a la «revisión general de la cubierta», «reparar los elementos dañados de manera que se eliminen las filtraciones, revisión general de fachadas», «eliminar las causas de las humedades», «revisión del sistema de evacuación de aguas del edificio», «revisión y reparación de los elementos constructivos afectados por las humedades», y el «saneado del sótano y realización de actuaciones que favorezcan la ventilación», entre otra cuestiones. La carta les llegó a finales del pasado mes de noviembre, por lo que a finales de febrero, si quieren cumplir con los plazos, deberán haber acometido las obras.

En caso contrario, dicen las cartas enviadas a decenas de vecinos, todos los que ya han recibido a los inspectores, el ayuntamiento «podrá decretar la ejecución subsidiaria de los actos, la expropiación del inmueble o la imposición de reiteradas multas coercitivas», palabras que han intimidado a más de un vecino. «Vivo sola y solo tengo mi pensión. Llevo viviendo aquí muchos años y ya tuvimos que hacer reparaciones hace un tiempo. Tuve que pedir un préstamo y lo pagué poquico a , pero ya no me darían otro. Estoy asustada», dice una de las vecinas que ha recibido la carta. «En la mayoría de casos son gente sencilla».

Desde Calles Dignas entienden que, aunque cabría dentro de la legalidad, el ayuntamiento no se va a poner a expropiar el piso a todo aquel que incumpla con los ajustados plazos, pero piden más información y tacto con los afectados, muchos de los cuales son familias y personas vulnerables. «Es cierto que hay propietarios que no han cumplido con su deber y que, pudiendo, no han hecho las obras que tocaban. Pero hay que diferenciar los que no han querido de los que no han podido», pide Galindo.

Con quien sí que debería aumentar sus exigencias el consistorio, opinan desde Calles Dignas, es con los grandes propietarios que cuentan con decenas de propiedades en estas calles del Casco Histórico. «Se han estado lucrando durante décadas de alquileres que pedían cobrar en mano mientras dejaban que sus edificios se pudrieran. Han traído al barrio a lo peor de lo peor para expulsar a los vecinos de siempre», lamenta Galindo.

Por otra parte, desde Calles Dignas recuerdan que son ya ocho inmuebles los que han tenido que demolerse en los últimos años por su estado, lo que implica una pérdida de patrimonio arquitectónico para la ciudad. «El ayuntamiento exige conservación mediante requerimientos y tasas, peo no nos ofrece los mecanismos necesarios. El plan de inspecciones no puede quedarse en un mero instrumento de recaudación de tasas», piden.

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