La patronal de las VTC continúa su guerra en los tribunales contra el Ayuntamiento de Zaragoza y apunta directamente a Natalia Chueca

La patronal que agrupa los intereses de las empresas de servicios de VTC ha llevado al Ayuntamiento de Zaragozaante la Fiscalía Provincial para pedir que investigue al consistorio por la vía penal al considerar que existen "indicios de sobra" de que "han cometido una ilegalidad". Eso lo que aseguran desde Movea, la entidad que representa al sector, si bien fuentes del Gobierno municipal informan de que no tienen constancia de que se haya abierto ningún procedimiento judicial en su contra. ¿El motivo de la pugna? Los límites establecidos para la concesión de licencias VTC, que desde el sector consideran "arbitrarios".

La guerra viene de lejos y tiene mucho que ver con el lío normativo en el sextor, un caos regulatorio que impide a las administraciones con competencias en la materia tener una ley a la que atenerse. En Aragón, la consejería de Fomento estaba trabajando en una evolución de la norma impulsada por José Luis Soro (CHA) durante el Gobierno de Javier Lambán, pero se sigue a la espera de que entre los jueces y las administraciones superiores, Europa incluida, se aclaren.

Ante este caos, el Ayuntamiento de Zaragoza se atiene a la proporción 1/30 a la hora de conceder licencias de VTC, esto es, un VTC por cada 30 taxis. En la capital aragonesa hay 1.777 taxis, por lo que solo puede haber 59 permisos de vehículos de transporte con conductor para trabajar dentro de la capital aragonesa.

La proporción 1/30

Y es esta propoción, el 1/30, lo que desde Movea consideran fraudulento y es que cierto es que la Justicia europea se ha manifestado en contra de esta norma por cuestiones de libre competencia. "La administración local habría otorgado licencias urbanas de manera irregular, arbitraria y sin procedicimiento administrativo, lo cual podría derivar en consecuencias penales", denuncian desde la patronal de las VTC. Movea, puntualizan, representa "a los autónomos y PYMEs de las VTC", aunque muchos de estos pequeños empresarios son los que subcontratan grandes multinacionales como Uber, Cabify y Bolt.

Desde el Ayuntamiento de Zaragozase limitan a comunicar "es el Gobierno Central el que debe regular de manera global la gestión de las VTC". "Ante la ausencia de una normativa estatal, la asesoría Jurídica municipal estimó en su día válido el criterio aplicado hasta ahora. Si finalmente esta demanda es presentada, será la Justicia quien determine si hay que aplicar otro criterio", se justifican.

Apuntan a Chueca

Sin embargo, desde la entidad que agrupa los intereses de las VTC insisten en que el ayuntamiento ha estado aplicando una normativa "a sabiendas de que está derogada por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea", refiriéndose a esa proporción 1/30. "Están aplicando una norma que no vale con el claro objetivo de beneficiar a un colectivo, que es el de los taxistas", dice Eduardo Martín, presidente de Movea, quien apunta directamente a la que en el mandato anterior era la concejala de Movilidad "y actual alcaldesa de Zaragoza": "Natalia Chueca".

"Están haciendo algo ilegal sabiendo que es ilegal", critica Martín, quien apunta además que las 59 licencias concedidas por el Ayuntamiento de Zaragoza se han otorgado "de forma arbitraria, sin que exista ningún tipo de pauta o procedimiento reglado". "Hemos pedido información a través del Portal de Transparencia pero nunca nos han respondido. Existen indicios más que contundentes de que han cometido, presuntamente, una ilegalidad y por eso hemos pedido a la Fiscalía que investigue, así que tendrán que responder", zanja Martín.