El PSOE y el PP se enzarzan en el Ayuntamiento de Zaragoza ante la denuncia de "monopolio" en Torrero

El malestar provocado en una treintena de empresas funerarias familiares de Zaragoza por la adjudicación a Mémora de la gestión de los servicios auxiliares del cementerio de Torrero ha llegado al consistorio de la capital aragonesa. La concejala socialista Ros Cihuelo ha calificado el cambio desde el comienzo de año como un paso "muy grave" que lleva a la "privatización" del tanatorio y los servicios funerarios. Sin embargo, el concejal de Urbanismo, Víctor Serrano, ha defendido por su parte que la nueva concesión sustituye a un contrato que había quedado “obsoleto”.

Según adelantó este diario, los empresarios del sector han presentado una denuncia ante el Tribunal de Defensa de la Competencia de Aragón (TDCA) por las restricciones que encuentran para trabajar en el recinto y por un aumento en los precios de los servicios que consideran abusivo por parte de Mémora, vinculada al grupo asegurador Catalana Occidente. El contencioso asegura que el actual protocolo para la gestión del recinto fúnebre "vulnera principios de legalidad, libre competencia y derechos de los usuarios".

Cihuelo ha considerado que con los cambios "las familias pierden libertad de elección y pagan precios desorbitados en el momento más vulnerable de sus vidas y, además, se pone en riesgo la viabilidad de los negocios funerarios locales". En su opinión los problemas llegan porque el Ayuntamiento de Zaragoza "ha entregado el uso privativo y exclusivo de un servicio público a una sola empresa, lo que significa que ninguna otra funeraria puede operar en el cementerio de Torrero, eliminando la competencia en un servicio que debería ser accesible y plural".

Para Cihuelo, convertir una concesión administrativa en una concesión demanial ha llevado a que los precios experimenten "subidas desproporcionadas, alcanzando incrementos de hasta el 192% en el uso de salas de despedida, del 100% en servicios de incineración o de más del 200% en otros servicios básicos, según detallan las empresas que han iniciado el contencioso administrativo.

Ingresos de la concesionaria

Por su parte, el portavoz municipal, Víctor Serrano, ha defendido la nueva concesión sustituye a un contrato de 30 años (en manos de Serfutosa, una unión de funerarias) por el que la ciudad únicamente ingresaba apenas 6.000 euros anuales y que había sido reclamada por todos los grupos municipales, incluido el PSOE.

En este momento el nuevo contrato público para la gestión del tanatorio supone un ingreso inicial de 6,5 millones de euros para la ciudad, un canon anual del 10% sobre los ingresos de la concesionaria y una inversión comprometida de 7,7 millones en obras de mejora y modernización del espacio durante los próximos 30 años.

Con todo, ante la denuncia al tribunal de la competencia, el concejal ha reconocido que las tarifas que la empresa concesionaria pueda aplicar a otras funerarias por el uso de las instalaciones son una cuestión “entre privados”, sobre la que el consistorio tendrá una labor de vigilancia, pero con un margen de actuación limitado. La propia alcaldesa Natalia Chueca ya había reconocido a comienzo de la semana el poco margen de maniobra que disponen ante la polémica aunque las empresas afectadas insisten en que los cambios aceptados limitan injustificadamente la actuación de funerarias externas, contraviniendo de forma directa la Ley de Garantía de la Unidad de Mercado (LGUM).

Las pequeñas funerarias aseguran que el haber quedado fuera de la gestión del cementerio tendrá un impacto directo en las familias, ya que el capital de las pólizas de seguros contratadas anualmente ha quedado "desfasado", obligando a los usuarios o a las empresas a asumir costes que no estaban previstos en la cobertura original.

Abocadas a la desaparición

Desde el PSOE en la ciudad de Zaragoza han ofrecido su apoyo a los negocios que han emprendido la demanda. "No vamos a dejar en la estacada a las funerarias que se ven abocadas prácticamente a su desaparición de un negocio que llevan generaciones practicando con una profesionalidad y una titulación que se tiene en muy pocos sitios y con un cariño, un cuidado y una humanidad infinita en el tratamiento de las familias que acaban de perder a un ser querido", ha denunciado Cihuelo.

Además de la defensa de la necesidad de actualizar la concesión del cementerio, Serrano ha criticado la “falta de memoria” del PSOE y ha recordado que también los socialistas reclamaron en varias ocasiones la actualización del contrato por considerarla “un canon ridículo”.

Ante el malestar de las funerarias familiares, que no han descartado la posibilidad de manifestarse, desde el PSOE le han reclamado a Natalia Chueca que "garantice" el acceso a otras funerarias y "establezca" controles de precios, devolviendo al tanatorio su función de servicio público al servicio de todos los ciudadanos.