La Justicia tumba el convenio del personal laboral del Ayuntamiento de Zaragoza y piden el cese del concejal de Personal: "No puede ser considerado"

La sección de lo Social del Tribunal de Instancia de Zaragoza ha declarado la "nulidad parcial" del convenio colectivo que afecta al personal laboral del ayuntamiento de la capital aragonesa tras la denuncia presentada por CCOO. El sindicato consideraba que el Gobierno de Natalia Chueca había dado por validado el texto que regula las condiciones laborales de esta parte de la plantilla municipal sin contar con el respaldo necesario para poder aprobarse. Ahora la Justicia les ha dado la razón, motivo por el cual desde CCOO solicitan el cese del concejal delegado de Personal, Alfonso Mendoza.

El asunto no es baladí y es que es la "primera vez", advierten desde el sindicato, que un tribunal anula un convenio que afecta a empleados públicos del ayuntamiento. "No se trató de un error técnico, sino de una decisión consciente para forzar la aprobación de un convenio rechazado por una mayoría de la representación sindical", asegura desde CCOO el secretario general de esta sección sindical en el ayuntamiento, Juan Tamarit.

Según se resume en la sentencia, el ayuntamiento convocó a los representantes del comité de empresa y no a los de las secciones sindicales que habían formado parte de la mesa negociadora del convenio, un texto que deriva del convenio que afecta al personal funcionario pero que trata las particularidades que afectan al personal laboral, unos 900 en el consistorio y sus entes dependientes.

Lo que dice el juez

En su escrito, el juez no escatima en calificativos y señala que "resulta sorprendente -por no decir extraño- que siendo que no se había convocado formalmente a los miembros del Comité de Empresa a ninguna reunión, se les convocara a la del día 19/11/2024 -cuando se dió por aprobado el texto- y paralelamente no se convocara a las secciones sindicales, que son las que habían llevado el peso de toda la negociación". Igualmente, dice el magistrado, "resulta sorprendente" que pidiera el voto de los presentes pidiendo su "posicionamiento" sobre el texto y no su "aprobación".

La cuestión es que el convenio que afecta al personal laboral se aprobó con los cuatro votos a favor de los miembros presentes de CSIF y UGT, mientras que CCOO y CGT sumaron tres votos en contra. Pero es que ese no era el foro ni los representantes sindicales con legitimidad como para aprobar el texto, motivo por el cual se presentó el recurso que ahora la Justicia ha estimado por ese defecto en la forma, que no en el contenido. No obstante, el resultado de esa forma de proceder ha resultado en la "nulidad del convenio". "No puede ser considerado así", dice el juez sobre la manera de contabilizar los apoyos al documento.

"No hubo una convocatoria formal para la aprobación por los miembros de la mesa negociadora del texto del convenio, utilizando un subterfugio", dice el juez, dando la razón así a CCOO, que había alertado en varias ocasiones de "la mala praxis" del Gobierno municipal en el proceso. "La alcaldesa fue informada directamente de la situación mediante una carta en la que le solicitábamos una reunión, pero decidió no atenderla, avalando con su silencio y su inacción, una acción que ha sido desautorizada por la Justicia", afirman desde Comisiones Obreras.

No obstante, la sentencia no ha sido igual de celebrada por el resto de sindicatos. Tanto UGT como CSIF han criticado en sendos comunicados la postura de CCOO puesto que en la práctica ha supuesto la anulación de un convenio que mejoraba alguna de las condiciones laborales de la plantilla.

Esto mismo es lo que responde el Gobierno municipal cuando se le pregunta por el contenido de esta sentencia. "Los que salen perdiendo son los empleados municipales", afirman fuentes del área de Personal, que informan de que este viernes van a mantener una reunión informativa con todos los sindicatos para valorar los efectos que va a tener sobre las condiciones del personal laboral. Sobre los calificativos del juez al respecto del proceder del consistorio, estas mismas fuentes se limitan afirmar que deben estudiar el contenido de la sentencia para decidir si recurrirla o no. Desde CCOO lo que piden es retomar las negociaciones y poder consensuar un texto que sea aprobado por los representantes legítimos de la plantilla.