El miedo de una funeraria familiar por el "monopolio" de Torrero: "No beneficia en nada a los zaragozanos, solo a Mémora"

El sector de las funerarias en Zaragoza ha vivido unos años de calma y estabilidad. Meses de descanso ligados a un entendimiento cordial a la hora de gestionar los servicios públicos del cementerio de Torrero, con salas de incineración, tantatorios y capillas que podían ser usados (en mayor o menor medida) por todos los actores implicados en el sector. Desde enero todo ha cambiado. La concesión en exclusiva de la gestión del recinto a Mémora ha provocado un frente de indignación en una treintena de negocios, incluso en uno que se llama La Paz.

El propietario de esta firma es Carlos Garcés y es uno de los impulsores de la denuncia colectiva que han presentado ante el Tribunal de Defensa de la Competencia de Aragón (TDCA) alertando sobre el «monopolio» encubierto de la nueva gestión. Como conocedor del sector teme que en la capital aragonesa se reproduzcan tendencias que se han visto en camposantos de Cataluña o el País Vasco, donde la entrada de firmas ligadas a los grandes grupos aseguradores ha acabado con un nicho de empleo familiar que en su opinión requiere «arraigo y cercanía».

Su trabajo en las pompas fúnebres comenzó cuando tenía 24 años apostando por una funeraria en Teruel. En 2012 se casó con una zaragozana y decidió ampliar el negocio abriendo La Paz en la calle San Francisco, apostando con naturalidad por una actividad económica muy vocacional que requiere de profundos conocimientos especializados.

Por eso defiende que acompañar a las familias en la hora de la muerte de un familiar no ser solo «una cuestión de números, sino de personas». Por eso destaca que el 80% de estas empresas son negocios donde «trabaja toda la familia, el padre, la hija y su marido, acompañados por uno o dos empleados». Un modelo que garantizaba precios competitivos y un trato humano que, según denuncia, se acabará perdiendo tras el desembarco de Mémora en el cementerio de Torrero.

Garcés recuerda que en los noventa a las empresas se les exigía la titularidad de un número mínimo de coches fúnebres, locales de almacenamiento y plantillas de personal elevadas. Sin embargo, en la actualidad para ejercer como funerario basta con constituirse legalmente y presentar una declaración responsable ante las autoridades sanitarias. Esto ha permitido que algunas firmas opten por la externalización de los servicios, subcontratando el transporte, el personal de tanatopraxia o el uso de instalaciones de terceros. Con esto se ha llegado al actual modelo de concentración alrededor de las grandes aseguradoras que optan a concesiones públicas como la de Torrero para explotar el negocio de la muerte.

Esta es la razón por la que quieren que el Ayuntamiento de Zaragoza rectifique algunas de las cláusulas de la concesión, impidiendo subidas abusivas y arbitrarias de las tarifas y volviendo al modelo anterior en el que podían trabajar en el interior del recinto funerario. Esto les permitía mantener el contacto directo con las familias, sobre todo con las que llevan más años trabajando. «Se ha entregado un edificio público de forma que la población de Zaragoza no gana absolutamente nada con esto, el cambio solo está beneficiando a Mémora», alega. Equipara la situación a ceder un hospital público y que una vez privatizado solo se permitiera la entrada a las compañías de seguros que el gestor decidiera, cobrando más a las demás. «Habría una manifestación impresionante», avanza.

Las funerarias afectadas afirman que si la vía legal no prospera estarán dispuestos a proponer protestas públicas, como ya hicieron hace dos semanas ante el tanatorio de Torrero. «No descartamos ir a la plaza del Pilar donde más se nos vea igual que hacen los agricultores... si llegamos a la plaza con ataúdes salimos en todas las televisiones», advierte.