El Gobierno de Aragón paraliza el polémico derribo del edificio de Correos

El Gobierno de Aragón ha paralizado las obras de derribo del edificio de Correos en la calle Anselmo Clavé de Zaragoza. Según han comunicado a la asociación Apudepa, la jefa de sección de Protección del Patrimonio Cultural, Susana Montañés, ha decidido frenar inmediatamente cualquier obra o actividad que pueda desnaturalizar el inmueble. El objetivo es estudiar si el edificio tiene el valor cultural necesario para ser protegido oficialmente, tal y como solicitan las voces que reclaman su protección.

Una vez analizado el expediente, se decidirá si la muestra de arquitectura brutalista puede ser considerado un Bien de Interés Cultural (BIC) o si, por el contrario, permiten que continúen los trabajos. El inmueble no cuenta con protección municipal ni autonómica, pero está catalogado por la fundación Docomomo Ibérica para proteger la arquitectura contemporánea.

El edificio de los años setenta (que el pasado lunes sufrió daños después de que una excavadora practicará apertura en la fachada a través de la cual se pretendía proceder al vaciamiento del edificio, un paso previo a la demolición de la estructura) es obra de un destacado arquitecto madrileño, Carlos González Cruz, y pertenece al movimiento moderno. Desde Apudepa celebran el freno temporal a la operación, sobre todo hasta que no se responda a su solicitud para catalogar el inmueble como BIC, una petición que ya hizo un ciudadano particular el pasado año con el apoyo de diversas entidades y que está en manos del Ministerio de Cultura.

El proceso legal por la defensa del edificio brutalista, actualmente sin uso, se inició en 2005 cuando se anunció que el Ayuntamiento de Zaragoza, el Gobierno de Aragón y Adif, en un consorcio denominado Zaragoza alta Velocidad (ZAV) estaban trabajando en el diseño de reurbanización de la denominada zona del Portillo, lo que ya implicaba el derribo ahora detenido, así como también la eliminación de la antigua estación de ferrocarril.

Desde Apudepa y la asociación de vecinos Joaquín Costa inciden en que la acción de las máquinas dará al traste con una “pieza relevante del patrimonio arquitectónico del siglo XX en Zaragoza” que será imposible de recuperar. De hecho, en la ficha de Docomomo destacan que sus formas, que no son del gusto de todos los vecinos, "responden al usual programa de oficinas en un entorno de baja densidad en el límite de lo urbano, no estando sometido, por tanto, a tensiones de vecindad". El arquitecto Roger Subirá afirma que su respuesta arquitectónica "es coherente con esta situación, ofreciendo una solución puramente funcional, más vinculada a referentes tipológicos internacionales que a referencias de su entorno más inmediato". 

Lo que fuera centro de clasificación del correo, beneficiado de la cercanía de las vías para el reparto, forma "un volumen compacto y prismático que se resuelve con una fachada ligera, con una estructura de muro cortina en la que se combina el vidrio con paños ciegos forrados de baldosas cerámicas". Llaman la atención uno de sus laterales "prácticamente ciego" y el revestimiento metálico de la fachada con piezas metálicas y de hormigón.

Los vecinos confían en que esta paralización temporal permita recuperar el viejo inmueble y no repetir errores del pasado. Desde el 2022 denuncian que desde la concejalía de Urbanismo de Zaragoza se ha impulsado y permitido demoler tres edificios catalogados por la fundación Docomomo. Citan los precedentes del convento de Santa Inés, la universidad laboral femenina de Malpica y el cuartel de la Policía Nacional de la calle General Mayandía. "Estas actuaciones contravienen el espíritu y la letra de la ley de Patrimonio Histórico Español pues representan la creatividad, la memoria y la identidad de un pueblo", aseguran en el manifiesto que lanzaron para reclamar la conservación de El Portillo.

Si finalmente se logra la conservación de la vieja sede de Correos desde las entidades patrimoniales y vecinales de la capital aragonesa plantean que se contemple su uso como centró cívico, equipamiento cultural o educativo (pudiendo ser la sede del Conservatorio Profesional de Música) u otras fórmulas compatibles que permitan devolver el edificio a la ciudad.

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