Las exigencias de Vox tienen un coste: así subiría el precio del bus y del tranvía en Zaragoza

Vox se ha empeñado en eliminar la Zona de Bajas Emisiones en Zaragoza (ZBE). Negacionistas del cambio climático, condicionan su apoyo al presupuesto de 2026 a la eliminación de las restricciones, pese a que los efectos que tiene son mínimos y las multas apenas rondan el centenar desde que entrara en vigor el régimen sancionador, a principios de diciembre. Lo que no dice Vox es que, como consecuencia directa, la capital perdería las ayudas del Estado al transporte público, provocando una subida directa del billete sencillo que, con tarjeta bus, pasaría de los 55 céntimos actuales a 93.

La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, negoció las cuentas con la ultraderecha, consciente de que necesita el 'sí' de sus cuatro concejales para sacar adelante los presupuestos. Así que, desde el primer momento expuso sus cartas y aceptó alguna de las exigencias de Vox. Las elecciones de Extremadura primero, y el posterior anuncio de Jorge Azcón del adelanto electoral en Aragón, dinamitaron el acuerdo municipal. De repente, Vox anunció en rueda de prensa que no iba a apoyar las cuentas. Así se lo exigió Santiago Abascal. No obstante, desde el Gobierno del PP siguen negociando las cuentas y buscando la manera de dar respuesta a sus peticiones, aunque no pasarán por eliminar la ZBE. La primera prueba de fuego será hoy, cuando en la comisión extraordinaria de Hacienda se votarán las enmiendas al presupuesto, paso previo a la votación definitiva.

Entre los argumentos esgrimidos por la ultraderecha destaca siempre la ZBE. Pues bien, eliminarla o suprimir las sanciones tendría consecuencias directas en el precio del bus y del tranvía, además de que se suprimiría la gratuidad entre los 8 y los 14 años y se elevaría el precio de los abonos.

Los motivos

La explicación es sencilla y es que las ayudas del Estado al transporte público se perderían porque la normativa que regula las subvenciones obliga a tener una ZBE. El Gobierno central bonifica un 20% del billete, lo que supone unas ayudas de alrededor de 22 millones al año que Zaragoza perdería automáticamente en caso de no cumplir con los requisitos de la zona de exclusión ambiental. Una cantidad que el ayuntamiento no podría asumir a pulmón, aunque sí continuar bonificando su parte.

En 2025, el ayuntamiento ingresó 7,3 millones de euros en los cinco primeros meses correspondientes a la bonificación del 20%, entonces el ayuntamiento subvencionaba el 30%. A partir de junio se actualizó la bonificación, de manera que ambas Administraciones ahora cubren un 20% del coste del servicio cada una. Fue a partir de verano cuando también se comenzó a bonificar los abonos para jóvenes y se amplió la gratuidad entre los 8 y los 14 años. Un cambio que elevó a 11,3 millones las ayudas recibidas desde el Gobierno central durante los meses restantes de 2025.

Nuevos precios del autobús

La bonificación del 20% del Estado se completa con otro 20% por parte del consistorio, lo que permite que el precio del bus o el tranvía cueste actualmente 55 céntimos en lugar de 93, siempre que se pague con tarjeta bus. En caso de eliminar las ayudas, pasaría a costar esos 93 céntimos. Hay más.

Los abonos también subirían, al perder ese 40% de bonificación. El de 30 días pasaría de los 29,05 euros actuales a 48,45. Para los que tienen el descuento del carnet joven se incrementaría de los 19,35 a los 38,75 euros. En el caso del abono de tres meses, de los 76,35 euros actuales se elevaría a 127,30 euros. En el caso de los jóvenes, pasaría de 47,95 euros a 95,95 euros. Y en el caso del anual el coste alcanzaría los 436,90 euros, frente a los 262,10 euros de ahora. Aquellos que se benefician del carnet joven acabarían pagando 329,05 euros al año en lugar de los 164,50 de hoy.

Trasladarse al aeropuerto en autobús también saldría más caro. De los 2,25 euros que se abonan con la tarjeta, el usuario acabaría pagando 3,76 por el mismo trayecto.

El 'no' de Vox

Así se quedarían las tarifas del transporte público en Zaragoza en caso de que Natalia Chueca aceptara la exigencia de Vox y se cargara la Zona de Bajas Emisiones, algo que ha descartado desde el primero momento porque las consecuencias afectarían directamente al bolsillo de los zaragozanos, defienden desde el equipo de Gobierno.

Desde la formación ultra insisten en que, al menos, se deje de sancionar pero se olvidan de que existen leyes y normas que hay que cumplir. Por resumir, la Ley de cambio climático obliga a los municipios de más de 50.000 habitantes a implementar las zonas de exclusión climática. A su vez, un real decreto las regula y es la Ley de Tráfico la que regula las sanciones, no la ordenanza municipal.

Si uno mira lo que sucede en otras ciudades en las que el PP también necesita el apoyo de Vox las exigencias son bien distintas y contradictorias. Por ejemplo, en Valladolid, donde PP y Vox gobiernan en coalición, hay ZBE y se sanciona a aquellos que la incumplen. El Palma de Mallorca, donde el PP gobierna en solitario, sucede lo mismo, pero Vox sí ha apoyado las cuentas. Sin embargo, en Zaragoza parece que no está dispuesto a ello.

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