El efecto de la Zona de Bajas Emisiones de Zaragoza en cifras: más de un centenar de multas y un millar de permisos especiales

Fue el pasado 12 de diciembre cuando el Ayuntamiento de Zaragoza puso en marcha una nueva fase de la Zona de Bajas Emisiones activando el régimen sancionador, de manera que solo pueden acceder aquellos con etiqueta B, C, eco o cero. Desde entonces han pasado 68 días y la Policía Local ha interpuesto 130 denuncias, la mayoría concentradas en los primeros días, cuando reinaba el desconocimiento entre los conductores.

La ZBE en la capital aragonesa es muy flexible y la zona de exclusión ambiental bastante limitada, ya que solo afecta a la circulación por pequeñas calles con escaso tráfico rodado e incluso con restricciones que están delimitadas por San Vicente de Paúl, Coso, Mayoral y Echegaray y Caballero. De hecho, han sido varias las voces que han criticado sus efectos, ya que son tantas las excepciones que apenas afecta a los vehículos sin dispositivo ambiental.

En concreto, todos aquellos residentes y trabajadores de la zona, además de los que tengan un garaje privado, que no tengan un vehículo con etiqueta pueden solicitar una autorización específica para acceder a la ZBE, librándose así de la multa. Actualmente hay 1.355 coches contaminantes autorizados, "prácticamente todo el censo de los que hay sin etiqueta en ZBE", según fuentes municipales. El resto de los vehículos que están empadronados o registrados ya tienen el distintivo, por lo que acceden libremente.

Y hay más porque el ayuntamiento permite la entrada hasta en ocho ocasiones al mes al perímetro ambiental para todos los vehículos sin etiqueta que, de forma puntual, necesitan acceder a la ZBE. La autorización puede solicitarse a través de la web.

130 sanciones en 68 días

En cuanto a las sanciones, la Policía Local ha registrado 130 sanciones desde el 12 de diciembre que se concentran principalmente en los primeros días, cuando todavía había muchos conductores que no se habían puesto al día con la normativa y las nuevas limitaciones para circular por el centro de la capital.

Yendo al detalle de los datos, solo durante los tres primeros días se firmaron 80 denuncias, que se redujeron a 31 en la segunda quincena del mes de diciembre. En los primeros diez días del año fueron 10 las multas tramitadas, y en la segunda quincena de enero fueron 14. A partir de entonces no se han registrado nuevas denuncias.

Hay que tener en cuenta que todavía no hay cámaras de videovigilancia que controlen el acceso a la zona de exclusión ambiental y son los agentes los que vigilan los accesos de forma intermitente. Estos dispositivos de control se instalarán una vez entre en vigor la nueva contrata del estacionamiento regulado (zona azul y naranja) que deberá colocarlos en los accesos a la ZBE.

Multas de 200 euros

Es la Ley de Tráfico la que regula el régimen sancionador de las ZBE, obligatorias para todas aquellas ciudades de más de 50.000 habitantes. Entrar sin distintivo ambiental o sin autorización conlleva una sanción general de 200 euros, ya que se clasifica como infracción grave, aunque con el pronto pago, la multa se reduce a 100 euros. Y es la Ley de Cambio climático la que obliga al Ayuntamiento de Zaragoza a tener este área de exclusión ambiental.

Pese a ello, pese a cumplir la normativa, Vox la ha puesto como línea roja para aprobar el presupuesto de 2026. O Natalia Chueca elimina el régimen sancionador o no le darán el 'sí' que necesita para sacar adelante las cuentas. En caso de que la alcaldesa cediera ante las exigencias de la ultraderecha, la capital perdería las ayudas que recibe del Estado para bonificar el transporte público, hasta 22 millones para este 2026.

Sucedería porque estas mismas ayudas están condicionadas al cumplimiento de la normativa, es decir, a que haya una ZBE y se sancione a los infractores. Los principales perjudicados serían los usuarios del autobús urbano y del tranvía porque el billete pasaría de costar los 55 céntimos de ahora -siempre que se pague con tarjeta- a 93.

La explicación es sencilla. El Estado bonifica el 20% del viaje, el mismo porcentaje que el ayuntamiento, de manera que los usuarios del transporte público pagan el 60% del billete. En caso de que Zaragoza se cargase la ZBE perdería las ayudas estatales y, el consistorio, tendría que decidir si mantiene su bonificación del 20%. Sucedería lo mismo con los abonos y, directamente, los usuarios de 8 a 14 años dejarían de viajar gratis.

La concejala de Movilidad, Tatiana Gaudes, ha sido muy clara.  La ZBE "tiene rango de ley" y, por tanto, el ayuntamiento "no tiene margen de maniobra para cumplir el planteamiento propuesto por Vox". Así lo ha afirmado después de que los ultras hayan votado en contra del proyecto de presupuestos en la comisión extraordinaria de Hacienda. La definitiva será el 26 de febrero y el Gobierno liderado por Chueca no pierde la esperanza pese al contexto político del momento.

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