Las VTC redoblan su presión contra el Ayuntamiento de Zaragoza mientras la Fiscalía inicia una investigación por prevaricación

La Fiscalía Provincial de Zaragoza inició el pasado mes de enero diligencias de investigación por un presunto delito de prevaricación en el reparto de las licencias de VTC concedidas por el ayuntamiento de la capital aragonesa. La patronal que representa a la patronal del sector, Movea, había presentado una denuncia en un movimiento que forma parte de una estrategia para redoblar la presión sobre el consistorio de cara a conseguir una regulación más favorable a la existente. Ahora, el Ministerio Fiscal admite iniciar las pesquisas pero en fase preprocesal, es decir, sin que haya todavía imputados ni investigados. No obstante, como parte de esta táctica desde Movea señalaron directamente a Natalia Chueca, actual alcaldesa y quien fuera concejala de Movilidad en el mandato anterior. La entidad cuenta además ahora con un nuevo aliado, Vox, quien hará llegar sus preguntas ante los miembros del Gobierno municipal.

Por partes. Según denunciaron desde Movea, el Ayuntamiento de Zaragoza sigue aplicando como norma una proporción -una licencia de VTC por cada 30 de taxi- que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea consideró contrario a la norma, por lo que piden que las 268 licencias de VTC que hay en Aragón tengan permiso para trabajar dentro de la ciudad de Zaragoza sin la necesidad de obtener un permiso por parte del ayuntamiento, un requisito que introdujo la ley autonómica que aprobó el Gobierno de Aragón hace unos años con José Luis Soro al frente de la consejería de Transportes.

Desde el Ayuntamiento de Zaragoza explican que, ante la falta de normativa aplicable se limitan a acogerse a aquellos límites establecidos hasta ahora y piden a las administraciones superiores que legislen para aclarar el caos normativo en el que vive este sector y contra el que tantas veces han cargado también los taxistas, que piden normas claras para evitar que la ambigüedad permita el incumplimiento de la ley, como según critican ha estado ocurriendo hasta ahora.

La proporción 1/30

Con base en esas normas que existen a pesar de contravenir directivas europeas el ayuntamiento concedió esas 59 licencias para trabajar dentro de la ciudad de Zaragoza, siguiendo así la regla 1/30, ya que en la capital aragonesa operan 1.777 taxis. Sin embargo, desde Movea, más allá de criticar que este criterio no cumple con las sentencias europeas, denuncian además que tampoco existe un trámite claro por el que se hayan concedido los permisos. "No sabemos con base en qué criterios se han otorgado las licencias. ¿Por qué a unas personas sí y a otras no?", se preguntaban desde la plataforma de las VTC.

Vox se basa aquí en la percepción de Movea, que denuncia que en los últimos meses están siendo sometidos a una campaña de vigilancia por parte de las instituciones, una labor inspectora que los taxistas llevaban tiempo exigiendo precisamente ante la evidencia de que las multinacionales del sector de las VTC, que subcontratan trabajadores autónomos, estaban incumpliendo algunas de las normas que deben cumplir para poder operar.

Eso este jueves. El viernes la pregunta la hará Vox a la concejala de Movilidad, Tatiana Gaudes, quien deberá explicar "cuál es el procedimiento concreto que sigue el ayuntamiento para conceder licencias VTC, con base en qué criterios se otorgaron las 59 licencias actualmente en vigor y por qué se mantiene paralizada la concesión de nuevas licencias aplicando de hecho una ratio 1/30 que fue anulada por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea".

Cabify fue la primera empresa de VTC que comenzó a operar en Zaragoza y lo hizo en 2020. Después llegó Uber, en 2023, y por último lo hizo Bolt, con presencia en la capital aragonesa desde hace un año. Por parte de esta última compañía ha respondido a las preguntas de este diario Juan Luis Fernández, director de Asuntos Públicos de la multinacional, quien asegura que hubieran preferido que la pugna con el consistorio no hubiera llegado a la Fiscalía "ni a este punto" pero "la situación es crítica".

En Zaragoza "tendría que haber" 1.200 VTC

"En los últimos meses nos han sometido a un control y a una persecución creciente. Y no solo el ayuntamiento, sino también el Gobierno de Aragón, que hace unos meses aprobó una directiva que permite movilizar los vehículos que no cuenten con licencia urbana", lamenta Fernández, que insiste al igual que Movea que el criterio del 1/30 a la hora de limitar las licencias VTC no debe tenerse en cuenta.

Ahora, desde el sector esperan a que se conforme el nuevo Gobierno de Aragón para seguir negociando la nueva normativa autonómica que se comenzó a trabajar con los actores implicados en el mandato anterior. "Somos favorables a la regulación, pero cualquier limitación debe basarse en el interés público", asegura el director de Asuntos Públicos de Bolt.

En su poder cuentan con un estudio elaborado de la mano de la consultora KPMG en el que se establece que, aunque se permitiera operar en Zaragoza a las 268 licencias de VTC existentes en Aragón -de las que solo 59 cuentan con permiso del ayuntamiento para trabajar dentro de la capital- la oferta seguiría siendo escasa para adecuarse a la oferta. Según este informe, encargado y difundido por la propia Bolt, en el núcleo urbano y el área metropolitana de Zaragoza tendrían que trabajar unos 1.200 VTC para cumplir con los estándares de comodidad y tiempos de espera que se dan en otras ciudades europeas como parís.

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