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25.000 euros de multa por protestar en una entidad bancaria de Zaragoza: los activistas de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca piden ayuda para pagar

Son 19 personas las que han sido condenadas por manifestarse contra el desahucio de un vecino de Zaragoza entre los años 2023 y 2024

Manifestantes de la PAH a las puertas de la entidad bancaria de la calle del Coso con Don Jaime I.

Manifestantes de la PAH a las puertas de la entidad bancaria de la calle del Coso con Don Jaime I. / EL PERIÓDICO

Iván Trigo

Iván Trigo

Zaragoza

Ya hay sentencia para los 19 activistas encausados que han tenido que enfrentarse a los tribunales por protestar dentro de una entidad bancaria en Zaragoza, donde se manifestarion en contra de un desahucio. "Nunca hemos negado los hechos y el final era hasta cierto punto previsible. Las leyes están hechas para favorecer a los bancos y perseguir a los movimientos sociales para tratar de amedrentarlos", explican ahora desde la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH). Los manifestantes han sido condenados a 25.000 euros de multa y, además, tendrán antecedentes penales.

Fue hace dos semanas cuando estos activistas recibieron la sentencia condenatoria. Sin embargo, desde la plataforma no lo quisieron hacer público entonces puesto que sus esfuerzos se centraban en intentar salvar a Hamza de su desahucio, un vecino de Torrero que fue desalojado por la Policía Nacional al tercer intento. "Las leyes están hechas para reprimir la protesta. El PSOE cambió un artículo de la ley cuyo contenido es tan ambiguo que les beneficia. Ya sabíamos lo que iba a pasar", lamentan.

El restultado de ese juicio ha sido una sentencia condenatiora por la que se les impone una sanción de 25.000 euros de multa que deben pagar para no entrar en la cárcel. Desde la Plataforma de Afectados por la Hipoteca en Zaragoza apelan a la solidaridad y recuerda que se pueden hacer aportaciones a su caja de resistencia, tal y como informan en sus perfiles en las redes sociales. Asimismo, no descartan iniciar más acciones de protesta y de recaudación de fondos para poder frente a las sanciones.

No van a cambiar

Lo que sí que tienen claro, afirman desde la PAH, es que no van a cambiar su forma de protestar ni de luchar "por el derecho a la vivienda. "Nuestro activismo y nuestras acciones tienen efecto y hemos conseguido salvar a mucha gente del desahucio. Lo que quieren, en el fondo, es evitar eso porque les está haciendo perder dinero. Nuestra lucha limita sus beneficios", manifiestan desde la plataforma.

Los hechos se remontan a los años 2022 y 2023, cuando la PAH inició una de sus habituales campañas cuando se ordena un desahucio. En ese caso, el afectado era Mariano, un vecino de Zaragoza que vivía en la calle San Jorge y que acabó siendo expulsado de su hogar en mayo de 2023. En los meses previos, la plataforma comenzó a manifestarse a las puertas de la sucursal de CaixaBank que hay en la esquina de la calle Don Jaime I con el Coso.

Pero esas manifestaciones no fueron protestas sin más para la entidad bancaria puesto eran "hechos punibles" que se han juzgado por la vía de lo penal. Según consta en el escrito de acusación, los activistas de la PAH, a lo largo de varios meses, estuvieron "llevando a cabo, de forma continuada, coordinada y premeditada actuaciones de hostigamiento e intimidación frente a los empleados de la oficina de CaixaBank sita en la calle Coso [...] con la finalidad de impedir el funcionamiento normal del centro de trabajo".

En los hechos descritos en el escrito de acusación se ponía énfasis en la protesta ocurrida el día 20 de abril de 2023, pocas semanas antes del desahucio de Mariano. Entonces, los ahora condenados "irrumpieron con fuerza en el interior de la sucursal afectada" y los investigados se dedicaron a gritar "al unísono" y a tirar "octavillas a la cara a empleados y clientes", motivo por el que llamaron a la Policía Nacional, que acudió hasta el banco y acabó desalojando a los activistas sin que se produjeran detenidos.

El juicio comenzó en noviembre pero se suspendió en un primer momento por la incomparecencia de alguno de los procesados. Entonces, la acusación rebajó también la petición de penas, ya que inicialmente se solicitanan hasta tres años de prisión para varios de los 19 activistas que estaban siendo juzgados, además de una multa de 45.000 euros. Finalmente, serán 'solo' 25.000.

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